BRAMPTON, ONTARIO — El primer ministro de Ontario, Doug Ford, evitó comprometer nuevos recursos públicos para mantener abierta la planta de Stellantis en Brampton y aseguró que solamente consideraría discutir un apoyo financiero si la automotriz garantiza la recuperación de miles de empleos. Sus declaraciones del lunes 16 de noviembre de 2026 contrastan con las del ministro provincial de Desarrollo Económico, Vic Fedeli, quien había señalado que Ontario dispone de fondos para intentar impedir la venta de las instalaciones al fabricante canadiense de vehículos blindados Roshel. La diferencia de posiciones añade incertidumbre al futuro de la planta y de más de 2,200 trabajadores que permanecen en suspensión laboral desde diciembre de 2023.
Ford explicó a Global News que estaría dispuesto a conversar con Stellantis si la compañía presenta un compromiso de contratación de entre 3,000 y 4,000 trabajadores. Sin embargo, aclaró que no está confirmando ninguna nueva oferta económica y que el gobierno federal continúa encabezando las negociaciones con la automotriz. El mandatario provincial insistió en que su principal objetivo es conseguir que Stellantis reincorpore a los empleados afectados. Hasta el momento, no se ha anunciado un acuerdo que garantice la reanudación de la producción automotriz ni la recuperación de los puestos de trabajo.
La postura del primer ministro contrasta con las declaraciones de Vic Fedeli, quien aseguró ante la Legislatura de Ontario que existen mecanismos financieros para ayudar a la empresa a mantener las instalaciones preparadas mientras se busca un nuevo modelo de vehículo para fabricar. El ministro mencionó un programa de apoyo al sector automotriz valorado en 2,500 millones de dólares, que incluye 1,000 millones aportados por Ontario. Estos recursos están destinados a inversiones industriales y tecnologías vinculadas con vehículos conectados y electrificados. Fedeli no especificó cuánto dinero podría corresponder a Stellantis ni confirmó una oferta formal para la planta de Brampton.
El debate también ha puesto atención sobre las ayudas públicas comprometidas anteriormente. Ford recordó que Ontario ofreció 132 millones de dólares en 2022 para apoyar la modernización de instalaciones de Stellantis, aunque aseguró que la compañía no recibió desembolsos provinciales destinados específicamente a Brampton. El gobierno provincial confirmó que sí entregó aproximadamente 55 millones de dólares para mejoras en la planta de Windsor. Por su parte, Ottawa había comprometido hasta 529 millones de dólares mediante un acuerdo federal que incluía proyectos en ambas instalaciones.
La ministra federal de Industria, Mélanie Joly, notificó a Stellantis el 12 de noviembre un presunto incumplimiento de las condiciones de su acuerdo de financiamiento. La compañía dispone de 30 días para responder y demostrar cómo corregiría las irregularidades señaladas. El gobierno federal ha advertido que podría emprender acciones legales para recuperar fondos públicos si la empresa no cumple sus obligaciones. Paralelamente, Joly mantiene conversaciones con Ontario, Unifor y representantes de Stellantis para explorar alternativas que permitan conservar la producción automotriz en Brampton.
La presidenta nacional de Unifor, Lana Payne, ha cuestionado la venta de la planta y reclamado medidas concretas para proteger a los trabajadores. La líder del Nuevo Partido Democrático de Ontario, Marit Stiles, también criticó la respuesta del gobierno provincial y pidió mayor urgencia para preservar los empleos industriales. Mientras tanto, Roshel sostiene que su proyecto podría generar oportunidades de trabajo, aunque no ha garantizado la reincorporación de todos los antiguos empleados de Stellantis.
La situación continúa siendo especialmente preocupante para las familias de Brampton y para las empresas proveedoras que dependen de la industria automotriz. Aunque los gobiernos estudian nuevas opciones y la venta todavía debe completarse, no existe una solución definitiva. La principal interrogante sigue siendo si Stellantis aceptará mantener sus operaciones en la ciudad y qué compromisos laborales acompañarían cualquier eventual apoyo financiero público.










