Existen dudas sobre la política laboral de vigilancia electrónica

Rodrigo Díaz M.

Muchas empresas de Ontario deben disponer ahora de una política que detalle cómo y por qué controlan electrónicamente a sus empleados, pero los expertos afirman que es necesario hacer más para solucionar lo que algunos llaman “horrendas lagunas” en la protección de la privacidad de los trabajadores.

El gobierno provincial aprobó en abril una ley que obliga a las empresas con 25 o más trabajadores a disponer de una política de control electrónico en un plazo de seis meses.

El requisito entró en vigor recientemente y los empresarios tienen hasta finales de este mes para entregar a los trabajadores una copia por escrito de su política.

Brenda McPhail, directora del programa de privacidad, tecnología y vigilancia de la Asociación Canadiense de Libertades Civiles, dijo que la legislación era un buen comienzo.

“Lo que hace esta ley es proporcionar cierta transparencia inicial”, dijo McPhail en una entrevista.

Pero lo que no hace es dar a los trabajadores la capacidad de desafiar esa vigilancia.

Muchos trabajadores de Ontario tienen una protección limitada de su intimidad en un momento en que un número récord de personas trabajan desde casa y las nuevas tecnologías han permitido una vigilancia “cada vez más intrusiva”, dijo McPhail.

Mientras tanto, la pandemia del COVID-19 ha alimentado el mercado de las tecnologías de vigilancia en los lugares de trabajo.

Tecnologías como el control de las pulsaciones del teclado y los detectores de movimientos oculares son cada vez más comunes, ya que las empresas buscan formas de controlar la productividad de los empleados a distancia.

“La posible invasión de un empleador que intenta vigilarle empieza a ser más invasiva para las personas que trabajan en casa”, explicó McPhail.

La provincia ha dicho que la nueva política ayuda a proteger la intimidad de los trabajadores al exigir a los empresarios que sean transparentes en cuanto al seguimiento de los trabajadores.

El ministro de trabajo de Ontario, Monte McNaughton, describió la política como un “primer paso adelante” y el primero de este tipo en Canadá.

“Esto dará al gobierno una imagen más clara de lo que hacen los empleadores”, dijo McNaughton. “Creo que es seguro decir que habrá más cosas en un futuro próximo en lo que respecta a las protecciones y a la creación de más oportunidades para los trabajadores”.

Alberta, British Columbia y Quebec cuentan con una legislación en materia de privacidad que establece algunos límites a la captación de información de los empleados por parte de las organizaciones del sector privado.

Algunos empleados del sector privado de Ontario están cubiertos por la legislación federal sobre privacidad, pero el Comisario de Información y Privacidad de Ontario ha pedido a la provincia que cree su propio marco, dadas las críticas a la ley federal.

El abogado Andrew Langille dijo que “es como un salvaje oeste” en lo que respecta a la protección de la privacidad de los trabajadores en Ontario.

“Francamente, no hay nada fuera de algunos recursos civiles muy técnicos que están realmente reservados para los profesionales o ejecutivos bien compensados, esas son las únicas personas que podrían permitirse ese tipo de peleas”, dijo Langille, abogado coordinador del personal de los Servicios Legales de la Comunidad de Don Valley.

“Hay lagunas horribles en la ley”.

Aunque el cambio al trabajo desde casa durante la pandemia puso de manifiesto el problema, Langille señaló que la vigilancia electrónica existe desde hace tiempo en lugares de trabajo como fábricas y restaurantes de comida rápida.

En la mayoría de los lugares de trabajo, y especialmente en el trabajo de servicios, la mayoría de los trabajadores saben que están siendo monitoreados porque los empleadores lo revelan activamente, a veces como una forma de prevenir el robo o aumentar la productividad.

“Yo diría que esto no es en absoluto revolucionario para ese tipo de entornos”, dijo.

Patrizia Piccolo, abogada laboralista de Toronto, dijo que está aconsejando a sus clientes empleadores que redacten sus políticas teniendo en cuenta una definición amplia de la vigilancia electrónica, dada la definición abierta de la legislación.

McNaughton dijo que la redacción de la legislación es “deliberadamente amplia” para abarcar una amplia gama de prácticas de supervisión electrónica, incluidos los sensores que rastrean la rapidez con la que un cajero escanea los artículos en la tienda de comestibles hasta el seguimiento del camión de reparto de un trabajador mediante GPS.