Rodrigo Díaz M.
Otros 17 presuntos miembros de bandas criminales privados de libertad en territorio estadounidense han sido deportados a El Salvador.
Todo esto se produce a pesar de la batalla legal en proceso relacionada al traslado de personas a la prisión de máxima seguridad del país centroamericano.
El secretario de estado, Marco Rubio, declaro en un comunicado que entre los deportados había miembros de las bandas del Tren de Aragua (TdA) y del MS-13 y todos son o venezolanos o salvadoreños.
Rubio enfatizó que en el grupo se incluían “asesinos y violadores”, pero aún no se han proporcionado nombres o los delitos específicos de los cuales se les a acusa.
La semana pasada el departamento de seguridad nacional de los Estados Unidos hizo pública una lista de algunos de los presuntos inmigrantes criminales que habrían sido deportados a El Salvador. En esta lista se proveyeron fotografías, nombres y los cargos de los que se les acusaban.
Nayib Bukele, presidente de El Salvador compartió un nuevo vídeo en el que se veía a estos deportados siendo trasladados de un avión a las celdas de la prisión de máxima seguridad. Bukele ya había compartido múltiples videos similares en sus redes sociales en semanas anteriores.
A principios de marzo, un tribunal estadounidense ordenó la suspensión de las deportaciones llevadas a cabo en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley proclamada en 1798 que solo se ha utilizado anteriormente en tiempos de guerra. Pero las deportaciones continúan.
Luego de que Trump invocara esta Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar a más de 100 venezolanos de los Estados Unidos, grupos como la Unión Americana de Libertades Civiles y Democracy Forward presentaron un recurso legal alegando que la administración había negado ilegalmente a los inmigrantes el debido proceso legal antes de las deportaciones forzosas.
La administración de Trump ha respondido a estas alegaciones declarando que el simple hecho de que estos inmigrantes hubiesen cruzado la frontera de manera ilegal ya los convertiría en criminales, a pesar de que esta actividad habría sucedido durante el mandato de Joe Biden.