El Salvador se convierte en el primer país en el mundo en prohibir la minería metálica

Por Edegardo Ayala
“Es histórico, estamos enviando una señal al mundo, de que los países pueden tener otros caminos diferentes y decir no a esa industria”, dijo el líder ambiental Edgardo Mira, de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, un colectivo de organizaciones ecologistas.
Con 69 votos, de 84 posibles, los diputados de la unicameral Asamblea Legislativa aprobaron el miércoles 29 de marzo la ley, calificada de histórica, en que mediante 11 artículos prohíbe de tajo esa industria, ya sea subterránea o a cielo abierto.
Decenas de activistas se concentraron desde temprano ese día en la entrada de la Asamblea para exigir, en un ambiente de júbilo, el cumplimiento del acuerdo en favor de la prohibición alcanzado la víspera por los diputados en la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático, paso previo para la votación en plenaria.
“He visitado las antiguas minas que se explotaron en el siglo pasado, donde se ve claramente las secuelas dejadas, como el drenaje ácido en los ríos, eso pasaría en el resto del país”, apuntó el jubilado César Augusto Jaco, del populoso barrio capitalino de Cuscatancingo.
Sosteniendo un rótulo de fondo amarillo con la imagen de una calavera, en negro, este miembro de 76 años de la Red de Ambientalistas Comunitarios de El Salvador, subrayó, frente a la Asamblea: “la minería es nefasta, no concibo que no va a dañar nuestras fuentes de agua”.
El riesgo de dañar los mantos acuíferos ha sido uno de los frentes de lucha de los activistas ante la industria extractiva, que se sabe usa millones de litros del líquido para obtener el oro.
El Salvador es uno de los países con mayor vulnerabilidad ambiental, según organismos internacionales.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el Tribunal Latinoamericano del Agua y la Asociación Mundial del Agua coinciden en que el país camina a una situación de estrés hídrico, explicó el investigador Andrés McKinley, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
La ley también veta el uso de cianuro, mercurio y otros metales usados en esa actividad. Otorga, no obstante, un periodo de gracia de dos años a las personas que se dedican a la minería metálica artesanal, para que puedan reconvertirse a otras actividades productivas.
Mira, de la Mesa Nacional, calculó que alrededor de 300 personas se dedican a ello, sobre todo en la Mina San Sebastián, en la jurisdicción de Santa Rosa de Lima, en el oriental departamento de La Unión.
La legislación es retroactiva y de ese modo cierra con candado los permisos de exploración que pudieran estar en trámite.
El informe “La Amenaza de la Minería Metálica en un Mundo con Sed”, elaborado por McKinley y publicado en 2015 por la UCA, documenta los casos de países donde se ha restringido la actividad, pero sin vetarla legalmente.
Costa Rica, dice el documento, aprobó en 2012 una legislación que prohibió la minería metálica de cielo abierto, permitiendo la subterránea.
En 2002, agrega, el gobierno de la provincia de Mindoro Oriental, en Filipinas, aprobó una moratoria de 25 años para proyectos mineros, y en 2011, la provincia de Zamboanga hizo lo propio en cielo abierto.
En Estados Unidos, en 2014, la Agencia de Protección del Medioambiente (EPA, en inglés) prohibió la apertura de la mina Pebble, ubicada en el estado de Alaska, para proteger el hábitat más extenso del mundo del salmón rojo (Oncorhynchus nerka).
Antes, en 1989, el entonces presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, impuso 50 años de moratoria de toda actividad minera en el sureño estado de Amazonas. Pero eso no impidió la expansión de la minería ilegal en la selvática región y el gobierno actual revertió de facto la medida, permitiendo la explotación minera allí.
“El Salvador es el primer país del mundo que evalúa los costos y beneficios para el país de esta industria y ejercer su derecho a decir no”, acotó McKinley.
La aprobación de la ley fue producto de diversos factores que confluyeron para convencer a los parlamentarios de cumplir de una vez por todos con el largo anhelo de activistas y comunidades cercanas a yacimientos mineros, de vetar la industria manera.
Entre ellos, la presión tanto de las organizaciones ambientalistas que han luchado por años por ese objetivo desde hace más de una década, como de la Iglesia Católica, que hizo suya esa exigencia popular.
El 9 de marzo, el arzobispo de San Salvador, Luis Escobar Alas, encabezó una marcha contra la minería metálica que culminó en las afueras de la Asamblea Legislativa, para presentar el proyecto de ley elaborado por la UCA, el documento que fue la base para la ley finalmente aprobada.