Caracas, 25 sep (EFE).- La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), de mayoría opositora, declaró hoy la “emergencia humanitaria compleja” del sector educativo del país y exigió al Gobierno del presidente Nicolás Maduro que cumpla “sus responsabilidades constitucionales” en la materia.
Los legisladores aprobaron un acuerdo con la declaratoria durante la sesión ordinaria de este martes, que contó con la presencia de cientos de educadores, un gremio que protesta desde hace meses en demanda de mejores salarios que les permitan hacer frente a la rampante inflación que sufre Venezuela.
En el texto se indica que “la degradación de la profesión docente por la violación del sistema de ingreso y ascenso”, el impacto causado por la migración, el colapso del sistema universitario por el “cerco económico” a las casas de estudio, así como “los cambios curriculares impuestos por el gobierno” determinan la crisis del sector.
El acuerdo también señala que la Cámara denunciará “ante las instancias internacionales de los derechos humanos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) la violación del derecho humano a la educación en Venezuela”.
La diputada opositora Milagros Eulate dijo durante la sesión que ejercer como maestro en Venezuela “es un acto de heroísmo, de valentía y de coraje”, ante los pobres salarios de los educadores y las depauperadas condiciones de las aulas de clase.
Además, instó a la Cámara a “discutir y revisar” la ley de educación vigente, una herramienta que consideró pone freno al desarrollo de la enseñanza en el país.
En ese sentido, la oradora invitada y profesora Raquel Figueroa señaló que las reformas al sector educación impulsadas por el chavismo gobernante se han “convertido en la mayor estafa” que un gobierno haya presentado al país.
“La escuela ha dejado de ser el centro de formación del potencial humano, para la creación y la producción, y la están convirtiendo en el centro de proselitismo partidista”, añadió.
Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el planeta, padece una severa crisis económica que se expresa en escasez e hiperinflación, un indicador que cerrará el 2018 en 1.000.000 % según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Esto obligó al Gobierno del presidente Nicolás Maduro a lanzar un paquete de medidas para intentar sacar a la nación de la crisis, aunque opositores y expertos señalan que no se tomaron los correctivos necesarios.
Las medidas de Maduro incluyen congelación de precios, reforma fiscal, reconversión monetaria y el aumento por 35 veces del salario mínimo, que pasó a ser la norma para la mayoría de los empleados públicos.
Esta unificación de facto de los salarios es rechazada por los educadores, que denuncian la violación de los contratos colectivos largamente discutidos, y que establecen “tablas” salariales según las responsabilidades de cada trabajador.
