Rodrigo Díaz M.
Según un documento del Consejo del Tesoro, más de uno de cada tres funcionarios públicos federales que no podía trabajar recibió una licencia pagada durante los primeros nueve meses de la pandemia de COVID-19, con un coste superior a los 800 millones de dólares.
Al comienzo de la pandemia, se dijo a los funcionarios que trabajaran desde casa si era posible, para evitar la propagación del nuevo coronavirus por las oficinas gubernamentales.
Sin embargo, los empleados que no podían trabajar a distancia seguían cobrando en virtud de una disposición conocida como código salarial “699”, que permite “otras licencias con sueldo”.
El número de trabajadores a los que se les aprobó la licencia 699 alcanzó un máximo en abril de más de 73 mil. A finales de noviembre, ese número se había reducido a poco más de nueve mil, según las últimas cifras.
En total, 117 mil, o el 39%, de los empleados federales repartidos en 86 departamentos y agencias, recibieron la aprobación para la licencia. Este número se redujo en un 95% a partir del 6 de enero de 2021.
El permiso especial debe ser aprobado por la dirección y se concede cuando los empleados no pueden presentarse al trabajo por razones ajenas a su voluntad. Es independiente de la paga por enfermedad o de las vacaciones.
“Desde el 15 de marzo hasta el 30 de noviembre de 2020, el coste estimado de ‘Otros permisos con sueldo (699)’ es de aproximadamente 819 millones de dólares, basándose en la tasa de pago diaria media de aproximadamente 300 dólares para los empleados de la administración pública federal con derecho a permiso”, dice el documento del Consejo del Tesoro, fechado el 19 de febrero.
“Esta cifra se basa en los datos presentados por los empleados y capturados en los sistemas departamentales”.
El 9 de noviembre, el Consejo del Tesoro emitió una “aclaración” de su política de permisos, en la que indicaba a los directivos que los permisos 699 podían concederse “caso por caso”, y sólo después de haber considerado el trabajo a distancia o alternativo o la flexibilidad de horarios.
Además, el gobierno dijo que otros tipos de permisos, incluyendo el tiempo de enfermedad y las vacaciones acumuladas, tendrían que ser utilizados primero.
La Alianza de Servicios Públicos de Canadá, que representa a la mayoría de los empleados federales, ha presentado numerosas quejas por las nuevas directrices. También ha presentado una queja ante la Comisión Canadiense de Derechos Humanos.
El sindicato sostiene que la directiva afecta de forma desproporcionada a los empleados marginados más afectados por la pandemia.
