(EFE).- El fantasma de las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”, puso este lunes al Gobierno colombiano a la defensiva luego de que The New York Times revelara que el Ejército ordenó a la tropa incrementar resultados operacionales, lo que pone en riesgo la vida de civiles.
En el artículo del periodista Nicholas Casey y publicado el sábado, el diario estadounidense señaló, tras revisar órdenes escritas y entrevistar a altos oficiales, que el Gobierno está ejecutando “otra encarnación” de los “falsos positivos”, crímenes cometidos por militares que presentaban a civiles como guerrilleros abatidos en combate para lograr premios y permisos de sus superiores.
Para atajar la polémica, que obligó a Casey y al fotógrafo Federico Ríos a salir del país ante acusaciones de senadores del partido oficialista Centro Democrático, que tacharon al primero de ser simpatizante de la antigua guerrilla FARC y de recibir dinero por su reportaje, el Gobierno aseguró que no tolera ese tipo de acciones militares.
Al respecto, el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, manifestó que en la actualidad no hay riesgo de que en Colombia “civiles inocentes” mueran en operaciones, pues aseguró que si ven “algún riesgo contra la población civil” prefieren cancelar la acción.
“No podemos hacer usos ilimitados de fuerza”, subrayó el alto oficial en una rueda de prensa en Bogotá.
Según The New York Times, en la institución existe una orden para que los militares “no exijan perfección” al matar, ni siquiera en los casos en los que dudan sobre el objetivo del ataque, lo cual, afirmaron algunos militares, implica desproteger a inocentes y ya ha ocasionado muertes sospechosas o innecesarias.
La sola mención de los “falsos positivos” causa escalofríos en un país en el que en la década pasada miles de jóvenes, en su mayoría campesinos pobres e incluso discapacitados, fueron “reclutados” con falsas promesas de trabajo para luego ser asesinados por militares que los presentaron como guerrilleros muertos en combate y de esta forma mostrar resultados a sus superiores.
La Fiscalía colombiana ha investigado cerca de 5.000 casos de “falsos positivos” que implican a unos 1.500 militares y que fueron cometidos entre 1988 y 2014, de los cuales 2.200 fueron remitidos a la Justicia Especial para la Paz (JEP), que se encarga de juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado.
Este fenómeno “se incrementó a partir del año 2002 y conoció su etapa más crítica entre 2006 y 2008”, durante el gobierno del hoy senador Álvaro Uribe, uno de los críticos del informe del NYT, al que acusa de “proteger la impunidad al narcoterrorismo”, junto con su colega María Fernanda Cabal.
Por su parte, la ONU calcula que son unos 4.200 los casos de “falsos positivos” investigados en el país.
El Ministerio de Defensa se defiende argumentando que la instrucción de la comandancia del Ejército en cuanto a cifras pedidas a sus subordinados es para planificar operaciones y no para presentar resultados.
El titular de ese despacho, Guillermo Botero, que está en el ojo del huracán por la denuncia, coincidió con el general Navarro y resaltó que “siempre hay certeza en el objetivo”.
Como respuesta a las autoridades, Casey publicó hoy en sus redes sociales dos documentos utilizados como base para su reportaje.
Uno de ellos es el formato que envían los oficiales al comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, sobre los objetivos operacionales trazados por las tropas y el otro es un documento en el que se plantean las “cincuenta órdenes de comando”.
Ante las acusaciones en contra de Casey, la Asociación de Prensa Internacional de Colombia (APIC) manifestó su preocupación porque considera que “la estigmatización de los periodistas en razón de su trabajo” pone en peligro a quienes, “en cumplimiento de su labor, presentan la versión de las diferentes perspectivas dentro de una historia”.
“Dado que los personajes públicos tienen mayor responsabilidad en sus declaraciones por el impacto que alcanzan, la APIC espera una rectificación de los senadores en mención”, añadió la organización.
Entre tanto, el senador de izquierdas Iván Cepeda aseguró a Efe que lo que reveló The New York Times es grave porque se puede estar volviendo a la seguridad democrática que implementó Uribe en su Gobierno para combatir a los grupos guerrilleros.
“Es evidente que hay una muy seria investigación de uno de los periódicos más influyentes en el planeta que da cuenta de testimonios de oficiales del Ejército colombiano y también de documentos que evidenciarían que el actual Gobierno ha vuelto a transitar el camino de lo que se llamó la política de seguridad democrática, la de las dos Administraciones de Álvaro Uribe”, dijo.
Esta polémica que enfrenta el Gobierno sigue a la desatada la semana pasada luego de que la JEP concediera al exlíder de las FARC Jesús Santrich la garantía de no extradición a Estados Unidos por no contar con pruebas suficientes de su presunta participación en el narcotráfico tras la firma del acuerdo de paz.
No obstante, el exjefe guerrillero fue recapturado el viernes segundos después de salir de la cárcel La Picota de Bogotá por orden de la Fiscalía, que dijo tener nuevas pruebas en su contra y lo acusó del mismo delito.
Frente a esa controversia, el número dos de la antigua guerrilla FARC, Luciano Marín, conocido como “Iván Márquez”, reiteró este lunes que fue un “error grave” haber entregado las armas antes de la implementación total del acuerdo firmado el 24 de noviembre de 2016 con el Gobierno colombiano.
“Fue un grave error haber entregado las armas a un Estado tramposo, confiados en la buena fe de la contraparte”, apostilló Márquez, cuyo paradero es desconocido desde julio pasado tras la detención de Santrich.
