Rodrigo Díaz M.
Ontario está ampliando sus competencias de alcalde fuerte a 21 ciudades más y ahora ofrece a los municipios “recompensas” financieras si son capaces de cumplir los objetivos en materia de vivienda.
Según la provincia, se prevé que estas ciudades tengan una población de 50 mil habitantes en 2031.
Entre ellas figuran Halton Hills, Aurora, Kawartha Lakes, Peterborough, North Bay y Sarnia.
Los poderes del alcalde fuerte se introdujeron por primera vez en Toronto y Ottawa el año pasado, y dan al jefe del ayuntamiento la capacidad de proponer y modificar los estatutos relacionados con las prioridades provinciales. Si el ayuntamiento quiere anular una decisión, necesita el voto favorable de más de dos tercios de sus miembros.
El gobierno ha definido las prioridades provinciales como todo lo relacionado con la construcción de viviendas, incluidas la construcción y el mantenimiento de infraestructuras conexas como el tránsito y las carreteras. Estas prioridades podrían cambiar en el futuro.
Los alcaldes de estas ciudades también pueden preparar y presentar el presupuesto de su ciudad en lugar del consejo, y contratar y despedir a los jefes de departamento.
Los 21 nuevos alcaldes recibirán sus nuevos poderes a partir del 31 de octubre. Ahora hay 50 ciudades en Ontario cuyos alcaldes tienen estos poderes de veto adicionales.
El premier de Ontario, Doug Ford, dijo que espera lograr la construcción de, al menos, 110 mil nuevas viviendas este año.
“Sería la primera vez en más de tres décadas que Ontario supera el umbral de las 100 mil”, dijo Ford. “A partir de ahí, iremos aumentando con el tiempo hasta que estemos en camino de construir al menos 1,5 millones de viviendas”.
El gobierno creará un fondo trienal de 1.2 billones de dólares que aportará hasta 400 millones anuales a los municipios que se hayan comprometido por escrito a alcanzar determinados objetivos de vivienda fijados por la provincia.
El progreso de cada ciudad se evaluará comparando las viviendas iniciadas y las unidades residenciales creadas ese año natural con los objetivos anuales asignados.
Según el gobierno, los municipios que alcancen el 80% o más de su objetivo anual podrán acceder a la financiación. Los que no lo logren, no recibirán nada.
El anuncio se produce después de que muchos municipios expresaran su preocupación por la pérdida de fondos que suelen recaudar de los promotores inmobiliarios cuando se proponen obras de construcción.
El proyecto de ley 23, o “Ley de construcción rápida de más viviendas”, permite que determinadas viviendas residenciales, edificios de apartamentos y viviendas asequibles queden exentas de tasas adicionales, como las tasas de urbanización, los gravámenes por dedicación de zonas verdes y las tasas en beneficio de la comunidad. Las unidades familiares de alquiler también verán reducidas las tasas de urbanización hasta en un 25%.
Las ciudades cobran tasas de urbanización para ayudar a sufragar el coste de servicios municipales o infraestructuras afectadas, como carreteras y transporte público.
