Por Baher Kamal
Según el sitio en Internet del Congreso, el proyecto H.R. 193 – conocido como la Ley de Restauración de la Soberanía Estadounidense – se presentó a la Cámara de Representantes el 3 de enero y se remitió a la Comisión de Asuntos Exteriores.
Aunque su título oficial indica que pretende cesar la membresía de Estados Unidos en la ONU, la iniciativa legislativa también propone revocar el acuerdo de 1947 que permite que la sede del foro mundial se encuentre en territorio estadounidense, poner fin a las operaciones de mantenimiento de la paz, acabar con la inmunidad diplomática y dejar de participar en la Organización Mundial de la Salud.
Si el proyecto de ley es aprobado, la ley entrará en vigor dos años después de su firma.
No obstante, la iniciativa legislativa “solo tiene seis patrocinadores en este punto – un puñado de republicanos de extrema derecha y libertarios -, por lo que dudo que llegue muy lejos”, opinó un profesor de política estadounidense.
Independientemente del número de patrocinadores y si el proyecto finalmente es aprobado o no, el hecho es que la intención del gobierno de Trump de retirarse de la ONU sería de fácil aplicación.
De hecho, bastaría con que Washington se abstuviera de pagar su parte del presupuesto del foro mundial -o incluso retrasar el pago- para que colapse toda la estructura de la ONU.
Esto ocurriría en uno de los peores momentos de las finanzas de la organización con sede en Nueva York que, de hecho, está en bancarrota. Día tras día, sus agencias -desde el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) hasta el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados – lanzan desesperados pedidos de fondos para hacer frente a una crisis humanitaria sin precedentes.
Además, el eventual retiro de Estados Unidos dejaría a la ONU en manos de grandes empresas privadas. En los últimos años, varias trasnacionales han sido las principales donantes de las operaciones humanitarias del foro mundial.
Este escenario conduciría a este sistema multilateral único a ser dirigido por grandes empresas. Este riesgo no debe descartarse, ya que en este caso la ONU les proporcionaría una cobertura “legal” necesaria a sus acciones, cualesquiera que sean.
El presidente Trump resumió su pensar acerca de la organización internacional en uno de sus mensajes por la red social Twitter, cuando escribió “la ONU tiene un gran potencial, pero en este momento es solo un club para que la gente se reúna, converse y se divierta”.
Muchas entidades claves de la ONU fueron creadas hace siete décadas principalmente para brindar asistencia humanitaria a millones de víctimas del conflicto que se convirtió en la segunda guerra mundial. Unicef, por ejemplo, ayudó a cinco millones de niñas y niños europeos en ese entonces.
¿Qué país hospedaría a la ONU, en caso de que el proyecto de ley revocara el acuerdo de 1947 que permite que su sede se encuentre en Estados Unidos? ¿Y quién podría reemplazar la contribución estadounidense a su presupuesto?
De acuerdo con un informe de la ONU, Estados Unidos aporta 22 por ciento del presupuesto de la organización a cambio de un pacto no escrito de que un porcentaje equivalente del personal clave para la toma de decisiones en el foro mundial sea nombrado por Washington.
A Estados Unidos le sigue Japón, con una cuota de 9,68 por ciento, seguido por China (7,921 por ciento), Alemania (6,389 por ciento), Francia (4,859 por ciento) y Gran Bretaña (4,463 por ciento). En el sexto lugar de la lista está Brasil, que aporta 3.823 por ciento del presupuesto.
Ninguno de los principales contribuyentes al presupuesto de la ONU podría reemplazar la cuota estadounidense, además de la suya propia.
Además, las potencias europeas siguen enfrentándose a las consecuencias de la crisis financiera generada en 2007 por las grandes corporaciones financieras privadas con sede en Estados Unidos y Europa.
A esto se añade el hecho de que Europa está presenciando el surgimiento de partidos derechistas, ultraconservadores, xenófobos, nacionalistas y populistas que animan el ascenso de Trump al poder.
