Continúa la violencia en los albergues para jóvenes en Guatemala

Por Chiqui Ramírez
El domingo 19 de marzo otro “Hogar”, El Centro Correccional Etapa II para menores de edad, ubicado En San José Pínula a 20 kilómetros de la capital guatemalteca, fue tomado por “jóvenes” (47 adultos y 17 menores) que exigían el retorno a dicho Centro de 250 miembros de la Barrio (Mara) 18, recientemente trasladados a otros centros de detención, tomando 7 monitores como rehenes.
El lunes 20 de marzo las fuerzas especiales de la policía Nacional Civil tomaron de nuevo el control del Centro Correccional, rescatando a cuatro de los rehenes, dos de los cuales murieron en el hospital a causa de los golpes proporcionados por esos jóvenes delincuentes. Dos de ellos habían sido asesinadas en el interior del correccional.
Horas más tarde, nueve estaciones de la Policía Nacional Civil fueron atacadas por los pandilleros con un saldo de tres muertos. Y otros seis ataques fueron detectados por la PNC antes de ser ejecutados.
Es un secreto a grandes voces que las órdenes de dichos disturbios vienen del cuartel militar Mariscal Zavala en donde miembros del gobierno pasado del Partido Patriota están encarcelados, incluyendo al ex-presidente Otto Pérez Molina, el ex-ministro de gobernación Maurico Lopez Bonilla y otros miembros vinculados al cartel de los Zetas. Las extorsiones y asesinatos en las calles son ordenadas desde las cárceles para mantener a la población en zozobra y desviar la atención de los verdaderos problemas estructurales y de ingobernabilidad.
Un poco de historia: Tras la firma de la paz, miembros de las fuerzas especiales, llamados Kaibiles fueron contratados como sicarios por los carteles del narcotráfico mexicano, por la crueldad que los distinguen y sus vínculos con el ejército de Guatemala. Años más tarde estos subieron a ser jefes de las mafias, estrechando sus lazos con la cúpula del ejército de Guatemala, que de hecho tenía desde hacía décadas el control de las aduanas fronterizas.
Los partidos políticos en las contiendas electorales, con escasas excepciones, funcionan con financiamiento del narcotráfico, los cuales tienen como objetivo el control total del Estado guatemalteco. Durante varias décadas los partidos civiles y militares de turno han ido copando los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo.
Desde el gobierno del genocida Efraín Ríos Mont, abogados miembros de la Iglesia del Verbo se convirtieron en jueces y magistrados para tener el control del sistema jurídico y librarlos, a través de artimañas “jurídico legales”, de ser juzgados y condenados a prisión, atrasando los procesos como es el caso de Pérez Molina, Rosana Baldetti y cerca de 80 más.
El Congreso de la República legisla a la medida de los intereses del narcotráfico, orquestados por el CACIF, organización de grandes empresarios, y líderes sindicales corruptos, empantanando la aprobación de reformas constitucionales que el pueblo reclama.
Los negocios millonarios de mineras (especialmente canadienses), petroleras, hidroeléctricas, plantaciones de caña de azúcar y palma africana, entre otras, desarrollan sus inversiones en medio de la violencia cotidiana, las extorsiones, los asesinatos de pilotos y activistas sociales. Las órdenes emanan del Cuartel Mariscal Zavala y son ejecutadas por las organizaciones criminales conocidas como “MARAS”.
El Narco-Estado teme la acción de la C.I.C.I.G. (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala) y de la jefa del Ministerio Público Thelma Aldana (nombrada por el mismo Otto Pérez), a quienes consideran un estorbo en la co-optación del Estado. El Comisionado de CICIG Iván Velásquez y Thelma Aldana del ministerio Público han llevado a cárcel preventiva a altos ex miembros del gobierno. Sin embargo, los jueces y juezas corruptas manipulan los procesos, atrasando con artimañas los juicios, sentencia y condena de los implicados en esos delitos.
La muerte de 41 niñas, la toma de rehenes en el Centro de prevención para menores con el asesinato de los monitores, los ataques directos de las pandillas “juveniles” han venido a desnudar la realidad en Guatemala, ya que cada cuatro años, el gobierno de turno premia a sus amigos de campaña con puestos en el Estado. No importa si llenan o no los perfiles académicos, laborales, experiencia, integridad reconocida para ocupar los cargos. Hay que pagar los favores electorales.
El Narco-Estado guatemalteco es culpable de la masacre de 41 niñas, de los abusos y maltratos cometidos contra la niñez y la juventud guatemalteca, del total abandono de las instituciones hechas para reinstalarlos en la sociedad. El Estado guatemalteco es culpable de la violencia institucional, del saqueo del país, del incremento de la criminalidad, de las drogas que destruyen a nuestros jóvenes, de la obstrucción de la justicia, y de otorgar concesiones internacionales a través de sobornos.
*Chiqui Ramírez puede ser contactada en [email protected]