Cientos de estudiantes internacionales que completaron programas de estudios en Alberta están recibiendo negativas a sus solicitudes de permisos de trabajo posteriores a la graduación, después de que el gobierno federal determinara que sus cursos no otorgaban créditos académicos y, por lo tanto, no cumplían los requisitos del programa migratorio.
Las decisiones han afectado principalmente a graduados de programas ofrecidos mediante acuerdos entre Portage College, una institución pública de Alberta, y centros privados como Campbell College en Edmonton y el Canadian Institute of Osteopathic Therapy en Calgary.
Muchos de los estudiantes, procedentes en su mayoría de India, aseguran haber pagado alrededor de $30,000 o más en matrícula por programas de dos años que fueron promocionados como elegibles para el permiso de trabajo posterior a la graduación, conocido como PGWP por sus siglas en inglés.
Después de finalizar sus estudios y solicitar el documento, algunos recibieron cartas de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá señalando que habían completado un programa “sin créditos” y que no cumplían los requisitos para obtener autorización de trabajo.
El PGWP permite a determinados graduados de instituciones canadienses trabajar legalmente en el país después de terminar sus estudios. Dependiendo de la duración del programa, el permiso puede extenderse hasta por tres años y suele representar una oportunidad importante para adquirir experiencia laboral canadiense y eventualmente solicitar la residencia permanente.
Sin embargo, estudiar en una institución reconocida como Designated Learning Institution, o DLI, no garantiza por sí solo la elegibilidad. El estudiante también debe completar un programa que cumpla todos los requisitos específicos establecidos por el gobierno federal.
La controversia se intensificó después de que IRCC actualizara su página informativa el 24 de junio de 2026 para indicar expresamente que quienes completaron programas de estudios sin créditos no son elegibles para un PGWP, con excepción de determinados programas de aviación.
El departamento sostiene que no introdujo una nueva regla, sino que aclaró un requisito que ya existía. Según IRCC, los permisos posteriores a la graduación están destinados a estudiantes que completan programas académicos o vocacionales elegibles que conducen a un título, diploma o certificado reconocido.
Los estudiantes y sus representantes cuestionan esa explicación. Sostienen que la exclusión no aparecía claramente cuando se matricularon, que sus cartas de aceptación procedían de una institución pública autorizada y que algunos graduados de los mismos programas recibieron anteriormente permisos de trabajo.
Esa diferencia en las decisiones ha generado acusaciones de inconsistencia. Algunos estudiantes aseguran que compañeros que cursaron las mismas materias, recibieron documentos similares y se graduaron en fechas cercanas obtuvieron aprobación, mientras otros fueron rechazados.
Portage College reconoció que graduados de algunos de sus programas sin créditos recibieron negativas, incluso después de presentar cartas emitidas por la institución. El centro educativo señaló que no controla las decisiones migratorias, no puede garantizar un PGWP y recomendó a los afectados conservar sus documentos y buscar asesoría jurídica independiente.
En su información pública, Portage College identifica varios cursos ofrecidos a través de instituciones asociadas como programas de educación continua sin créditos académicos. Entre los socios mencionados se encuentran Campbell College y el Canadian Institute of Osteopathic Therapy.
Los estudiantes afectados alegan que esa clasificación nunca les fue explicada adecuadamente o que no comprendieron que podía impedirles trabajar después de graduarse. Para muchos, la posibilidad de obtener experiencia laboral era un factor determinante al decidir estudiar en Canadá y asumir una inversión considerable.
Algunos graduados comenzaron protestas y huelgas de hambre en Alberta para pedir que el gobierno revise las decisiones y aplique una medida transitoria a quienes se inscribieron cuando los programas eran presentados como elegibles.
El conflicto plantea preguntas sobre la responsabilidad compartida entre el gobierno, las instituciones públicas, los centros privados y los consultores educativos que promocionan programas canadienses en el extranjero.
Aunque IRCC establece las reglas migratorias, las escuelas reciben las matrículas y proporcionan información sobre sus programas. Los estudiantes, por su parte, son responsables de verificar los requisitos vigentes y demostrar que cumplen todas las condiciones cuando solicitan un permiso.
En la práctica, esa responsabilidad puede resultar difícil de ejercer. Las normas cambian con frecuencia, utilizan términos técnicos y pueden diferenciar entre la institución, el programa, la fecha de la solicitud de estudios y el tipo de credencial otorgada.
La condición de “sin créditos” no significa necesariamente que el estudiante no haya asistido a clases o completado evaluaciones. Significa que los cursos no generan créditos académicos que puedan contabilizarse hacia un título o diploma formal dentro del sistema postsecundario.
Esa diferencia, poco conocida por muchos alumnos internacionales, se ha convertido ahora en el elemento decisivo de sus casos.
Las negativas tienen consecuencias inmediatas. Cuando una solicitud de PGWP es rechazada, el graduado debe dejar de trabajar. Dependiendo de su situación, puede intentar restaurar su condición migratoria, solicitar otro tipo de permiso o prepararse para abandonar Canadá.
El PGWP es una oportunidad única y normalmente no puede renovarse ni obtenerse una segunda vez. Además, la solicitud debe presentarse dentro de los 180 días posteriores a recibir la confirmación de que se completó el programa.
Si la negativa llega después de que ese plazo haya expirado, presentar una nueva solicitud puede no ser posible. Algunos afectados pueden pedir una reconsideración administrativa o acudir al Tribunal Federal, pero ninguna de esas opciones garantiza que la decisión sea revocada.
La situación ocurre en medio de un endurecimiento más amplio de las políticas para estudiantes internacionales. Desde el 1 de noviembre de 2024, la mayoría de los solicitantes de un PGWP debe presentar resultados de una prueba oficial de inglés o francés.
Los graduados universitarios necesitan generalmente alcanzar un nivel mínimo equivalente a CLB 7 en las cuatro habilidades lingüísticas, mientras que los graduados de colleges y otros programas no universitarios necesitan normalmente CLB 5.
Los estudiantes de programas no conducentes a una licenciatura, maestría o doctorado también pueden estar sujetos a requisitos relacionados con el campo de estudio. Para quienes solicitaron su permiso de estudios a partir del 1 de noviembre de 2024, el programa debe estar vinculado con ocupaciones identificadas como prioritarias o con escasez de trabajadores.
Esas modificaciones no son necesariamente la razón directa de las actuales negativas en Alberta, ya que muchos estudiantes solicitaron sus permisos antes de que entraran en vigor. El problema principal en estos casos sigue siendo la clasificación de sus programas como estudios sin créditos.
La controversia también podría afectar la reputación internacional de Canadá. Durante años, colleges, universidades, consultores y gobiernos promovieron la educación canadiense como una combinación de formación, experiencia laboral y posibles oportunidades migratorias.
Cuando un estudiante descubre al final de sus estudios que el programa no permite obtener el permiso esperado, la pérdida no se limita a la matrícula. También puede incluir años de vida, alquiler, transporte, empleos abandonados en el país de origen y expectativas familiares.
El caso deja una advertencia para futuros estudiantes: no basta con comprobar que una escuela aparece en la lista de instituciones autorizadas. Es indispensable confirmar que el programa específico es elegible para el PGWP, si otorga créditos académicos, qué tipo de credencial concede y qué requisitos se aplican según la fecha de solicitud.
También conviene conservar capturas de pantalla, correos, contratos, material promocional y cualquier comunicación en la que la institución o un representante haya descrito la elegibilidad del programa.
Para los graduados afectados, la disputa todavía no tiene una solución general. IRCC mantiene que los programas sin créditos nunca calificaron, mientras los estudiantes sostienen que las reglas no fueron comunicadas con suficiente claridad y que decisiones anteriores crearon una expectativa legítima.
Hasta que el gobierno, los tribunales o las instituciones acuerden una respuesta, cientos de jóvenes permanecen en una situación incierta después de haber invertido grandes cantidades de dinero y completar los estudios que creían que les permitirían comenzar su vida laboral en Canadá.
