El gobierno federal presentó el martes 27 de octubre un proyecto de ley destinado a modificar las normas que regulan la asistencia médica para morir en Canadá, conocida como Medical Assistance in Dying (MAID), estableciendo que las personas cuya única condición médica sea una enfermedad mental no podrán acceder a este procedimiento.
La iniciativa, identificada como proyecto de ley C-41, fue presentada por el ministro de Justicia, Sean Fraser, acompañado por la ministra de Salud, Marjorie Michel, y contempla también nuevas disposiciones para permitir solicitudes anticipadas bajo estrictas condiciones médicas y legales.
La propuesta surge después de varios años de debates sobre los límites de la asistencia médica para morir y las dificultades que enfrentan los profesionales de salud para determinar cuándo determinadas enfermedades mentales pueden considerarse irremediables.
Actualmente, las personas que padecen exclusivamente una enfermedad mental están excluidas de este procedimiento hasta el 17 de marzo de 2027. El nuevo proyecto busca mantener esa exclusión sin establecer una nueva fecha de vencimiento.
Fraser explicó que la decisión responde a preocupaciones relacionadas con la seguridad de los pacientes, la falta de consenso médico y las dificultades para garantizar que quienes experimentan sufrimiento psicológico tengan acceso a tratamientos adecuados.
La iniciativa también sigue las recomendaciones de un comité parlamentario integrado por representantes de la Cámara de los Comunes y el Senado, que en junio de 2026 aconsejó no ampliar el programa a personas cuya única condición fuera una enfermedad mental.
El comité escuchó opiniones de especialistas, organizaciones y representantes de distintos sectores antes de presentar sus conclusiones.
Una de las principales preocupaciones expresadas durante el debate fue que algunas personas pudieran solicitar la muerte médicamente asistida debido a dificultades para obtener atención psiquiátrica, tratamientos especializados o apoyo comunitario.
Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos de los pacientes consideran que una exclusión permanente podría afectar la autonomía de determinadas personas que experimentan sufrimientos graves y prolongados.
Estas diferencias reflejan la complejidad de encontrar un equilibrio entre la protección de personas vulnerables y el respeto por las decisiones individuales relacionadas con el final de la vida.
Otro aspecto importante del proyecto de ley es la posibilidad de presentar solicitudes anticipadas.
Esta disposición permitiría que determinados adultos diagnosticados con enfermedades incurables que podrían afectar su capacidad para tomar decisiones expresen previamente su voluntad de recibir asistencia médica para morir.
La medida podría beneficiar a personas con enfermedades degenerativas, como determinadas formas de demencia, siempre que cumplan los requisitos de elegibilidad y las salvaguardias establecidas.
Entre las condiciones propuestas figuran la existencia de un deterioro avanzado e irreversible de las capacidades y un sufrimiento persistente e intolerable que no pueda aliviarse mediante opciones razonables.
No obstante, las solicitudes anticipadas no entrarían automáticamente en funcionamiento en todo Canadá.
El proyecto contempla que las provincias y territorios deban contar con legislación que permita aplicar estos procedimientos dentro de sus respectivos sistemas de salud.
Quebec ya dispone de un marco legal para determinadas solicitudes anticipadas, mientras otras provincias mantienen posiciones diferentes sobre esta posibilidad.
La legislación federal sobre asistencia médica para morir ha experimentado diversas modificaciones desde su introducción en 2016, generando debates sobre derechos individuales, ética médica y protección de los pacientes.
El proyecto C-41 deberá ser estudiado y aprobado por la Cámara de los Comunes y el Senado antes de convertirse en ley.
Para las familias canadienses, especialmente aquellas que enfrentan enfermedades graves o situaciones de dependencia, las nuevas disposiciones plantean interrogantes sobre los cuidados disponibles y la importancia de recibir información médica adecuada.
Mientras continúa el proceso legislativo, el gobierno federal ha reiterado su compromiso de mejorar el acceso a tratamientos de salud mental, cuidados paliativos y servicios de apoyo.
La discusión representa uno de los debates más complejos de la política sanitaria canadiense, donde las decisiones deberán considerar tanto la dignidad y autonomía de los pacientes como la necesidad de garantizar su protección.
