Toronto, Canadá.— El primer ministro de Ontario, Doug Ford, pidió al gobierno federal eliminar el precio industrial al carbono como parte de los esfuerzos para evitar el cierre definitivo de la planta automotriz Stellantis en Brampton, una instalación cuyo futuro mantiene en incertidumbre a más de 2,000 trabajadores y sus familias.
La solicitud fue reiterada el viernes 20 de noviembre, después de una reunión entre representantes de Stellantis, los gobiernos federal y provincial y el sindicato Unifor, convocada para buscar alternativas que permitan conservar las operaciones automotrices en la ciudad.
Ford describió las conversaciones como difíciles, pero productivas, y aseguró que los costos asociados con las regulaciones ambientales representan uno de los principales obstáculos para mantener la competitividad de la industria canadiense frente a Estados Unidos.
Según cifras atribuidas a Stellantis por el mandatario provincial, mantener la fábrica inactiva representa un gasto aproximado de 135 millones de dólares anuales, sin incluir los costos de reactivar la producción.
Ford también afirmó que la empresa enfrenta elevados costos relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero, una situación que, a su juicio, coloca a los fabricantes canadienses en desventaja competitiva.
El gobierno de Ontario considera que reducir estas cargas permitiría ganar tiempo para encontrar nuevos modelos de vehículos que puedan producirse en Brampton y conservar empleos industriales.
La controversia surge después de que Stellantis anunciara, el 9 de noviembre, un acuerdo para vender las instalaciones a Roshel, fabricante canadiense de vehículos blindados con sede en Brampton.
La operación permitiría transformar la planta en un centro de manufactura destinado a la industria de defensa, aunque significaría abandonar los planes originales de producción automotriz.
Roshel ha señalado que su proyecto podría generar más de 2,000 empleos conforme aumente la producción y que los trabajadores desplazados tendrían prioridad durante los procesos de contratación.
Sin embargo, el sindicato Unifor insiste en que deben protegerse los empleos automotrices existentes y respetarse los compromisos adquiridos con los trabajadores.
La presidenta nacional de Unifor, Lana Payne, reconoció que los costos relacionados con las emisiones representan una dificultad para la industria y planteó revisar su aplicación cuando se trate de operaciones completas de ensamblaje de vehículos.
Mientras tanto, la ministra federal de Industria, Mélanie Joly, advirtió que Stellantis podría enfrentar acciones legales si continúa adelante con la venta sin cumplir las obligaciones establecidas en acuerdos anteriores.
En 2022, Ottawa comprometió hasta 529 millones de dólares para apoyar la modernización de las instalaciones de Brampton y Windsor, destinadas a fabricar vehículos electrificados.
El gobierno federal considera que la suspensión de los planes de producción en Brampton podría constituir un incumplimiento de las condiciones vinculadas con ese financiamiento.
Por esta razón, concedió a la empresa un plazo de 30 días para demostrar cómo corregirá las presuntas irregularidades.
Stellantis, por su parte, ha manifestado su disposición a continuar las conversaciones con las autoridades, aunque no ha anunciado que abandonará la venta.
La situación refleja las crecientes dificultades que enfrenta la industria automotriz canadiense debido a los aranceles estadounidenses, los costos de producción y la incertidumbre sobre futuras inversiones.
Para Brampton, donde la fabricación de automóviles ha representado durante décadas una importante fuente de empleo, el resultado de estas negociaciones tendrá consecuencias económicas y sociales significativas.
Las autoridades provinciales y federales continuarán buscando alternativas, mientras los trabajadores esperan conocer si la planta podrá recuperar su actividad automotriz o iniciará una nueva etapa industrial bajo otro propietario.










