El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que su gobierno trabaja en un plan para conceder libertad anticipada y condicional a una parte significativa de las personas detenidas bajo el régimen de excepción que hayan sido consideradas colaboradoras de pandillas, pero cuya participación en actividades delictivas haya sido de menor gravedad.
El anuncio fue realizado el 13 de octubre durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial, después de que La Prensa Gráfica preguntara al mandatario sobre la revisión de casos de personas capturadas desde que comenzó el régimen de excepción en marzo de 2022.
Bukele explicó que el gobierno ha desarrollado criterios para distinguir diferentes niveles de colaboración con las estructuras criminales y señaló que el plan podría beneficiar aproximadamente al 50% de las personas catalogadas como colaboradores.
El presidente aclaró que la medida no significaría una absolución.
Según explicó, quienes resulten beneficiados continuarían siendo considerados responsables de algún grado de colaboración con las pandillas, pero podrían abandonar la prisión de manera anticipada bajo determinadas condiciones y algún sistema de monitoreo.
Bukele sostuvo que para evaluar estos casos debe tomarse en cuenta la realidad que vivieron durante años muchas comunidades salvadoreñas controladas por las pandillas.
El mandatario puso como ejemplo la diferencia entre una persona que participó directamente en ocultar un cadáver y un joven que, bajo presión de una pandilla, era obligado a permanecer en la entrada de una comunidad para avisar cuando se acercaba la Policía.
Para el gobierno, ambas conductas pueden constituir colaboración, pero no necesariamente tienen el mismo nivel de responsabilidad.
El presidente señaló que durante décadas muchas comunidades estuvieron sometidas al control territorial de las pandillas, donde residentes, comerciantes y familias podían verse obligados a obedecer órdenes, pagar extorsiones o realizar determinadas acciones para evitar represalias.
El anuncio representa uno de los cambios más importantes planteados por Bukele desde que comenzó la ofensiva contra las pandillas hace más de cuatro años.
El régimen de excepción fue aprobado el 27 de marzo de 2022, después de un fin de semana particularmente violento en el que decenas de personas fueron asesinadas.
Desde entonces, la Asamblea Legislativa ha prorrogado la medida en numerosas ocasiones.
Las cifras oficiales señalan que desde el comienzo del régimen se han acumulado más de 93,000 detenciones de personas acusadas de pertenecer o colaborar con pandillas.
El gobierno atribuye a esta estrategia la drástica reducción de homicidios y la recuperación de comunidades que durante años estuvieron bajo el control de estructuras como la Mara Salvatrucha MS-13 y Barrio 18.
Según datos oficiales, la tasa de homicidios de El Salvador cayó de niveles superiores a 100 asesinatos por cada 100,000 habitantes en 2015 a aproximadamente 1.3 por cada 100,000 habitantes en 2025.
Bukele ha defendido repetidamente el régimen como una de las principales razones por las que El Salvador pasó de ser considerado uno de los países más violentos del mundo a registrar algunos de los niveles de homicidios más bajos de América.
La transformación de la seguridad pública también ha convertido la estrategia salvadoreña en un modelo observado por gobiernos de otros países de América Latina.
Uno de los puntos que requiere precisión es que el anuncio presidencial no establece que las personas beneficiadas serán específicamente prisioneros del Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT.
El CECOT, ubicado en Tecoluca y con capacidad anunciada para decenas de miles de internos, se ha convertido en la imagen internacional más reconocida de la política de seguridad de Bukele.
Sin embargo, el plan anunciado se refiere de manera general a personas detenidas bajo el régimen de excepción consideradas colaboradores de pandillas con niveles menores de participación.
Hasta ahora, el gobierno no ha informado de qué centros penitenciarios procederían los posibles beneficiarios.
Tampoco se conoce cuántas personas podrían ser liberadas finalmente.
Aunque Bukele habló de alrededor de 50%, todavía no existe una lista oficial ni una cifra definitiva.
El gobierno tampoco ha explicado todavía cuándo comenzará la medida, qué institución realizará las evaluaciones individuales, cuáles serán exactamente los criterios de elegibilidad o qué tipo de monitoreo se utilizará después de la liberación.
No se ha aclarado si los beneficiarios deberán haber sido condenados previamente por un tribunal o si también podrán incluirse personas que permanecen detenidas mientras sus procesos continúan.
Tampoco se conoce si será necesario reformar alguna ley para implementar el programa.
Estas preguntas serán particularmente importantes debido al enorme número de personas procesadas dentro del régimen de excepción y a las modificaciones legales realizadas durante los últimos años para permitir procesos colectivos contra presuntos integrantes de pandillas.
Familias piden revisar también los casos de inocentes
El anuncio fue recibido con esperanza, pero también con preocupación, entre familiares de personas detenidas.
Un día después de las declaraciones presidenciales, familiares entrevistados por La Prensa Gráfica expresaron temor de que personas que aseguran ser inocentes pudieran sentirse obligadas a aceptar algún grado de colaboración con las pandillas para obtener su libertad.
Algunas madres sostienen que sus hijos fueron detenidos sin pertenecer ni colaborar con estructuras criminales y consideran que esos casos deberían ser tratados de manera distinta.
Su posición es que una persona inocente no debería tener que admitir culpabilidad como condición para abandonar la cárcel.
Organizaciones salvadoreñas de derechos humanos también han pedido durante años revisiones individualizadas de los expedientes.
Estas organizaciones sostienen que, aunque entre los detenidos existen miles de pandilleros y colaboradores, también se produjeron arrestos de personas sin vínculos comprobados con estructuras criminales.
Bukele ha reconocido anteriormente que personas inocentes fueron detenidas durante la ofensiva y ha señalado que miles ya fueron liberadas después de revisarse sus casos.
Organizaciones de derechos humanos mantienen críticas
La estrategia de seguridad salvadoreña continúa generando un fuerte debate internacional.
Organizaciones de derechos humanos han documentado miles de denuncias relacionadas con detenciones arbitrarias, dificultades para acceder a abogados, condiciones penitenciarias y muertes bajo custodia.
También han cuestionado las prolongadas detenciones de personas que todavía no han recibido una sentencia individual.
El gobierno rechaza buena parte de esas críticas y sostiene que durante décadas las víctimas de las pandillas recibieron poca atención internacional mientras comunidades enteras vivían bajo amenazas, extorsiones, asesinatos y desplazamientos forzados.
Bukele argumenta que retirar prematuramente el régimen podría permitir que las estructuras criminales intentaran reorganizarse.
El presidente ha dicho que espera que eventualmente pueda levantarse el estado de excepción, pero considera que todavía no ha llegado ese momento.
Una nueva etapa dentro de la política de seguridad
La posibilidad de conceder libertades anticipadas podría marcar una nueva fase de la estrategia salvadoreña.
Durante los primeros años del régimen, el énfasis estuvo centrado en capturas masivas, desarticulación de estructuras y construcción de una amplia capacidad penitenciaria.
Ahora el gobierno comienza a plantear públicamente cómo distinguir entre quienes dirigían o participaban directamente en las pandillas y quienes colaboraron en circunstancias que, según Bukele, estuvieron condicionadas por vivir bajo el dominio de esas organizaciones.
La diferencia será crucial.
También lo será establecer mecanismos transparentes que permitan determinar quién puede ser beneficiado y bajo qué condiciones.
Para miles de familias salvadoreñas que esperan noticias sobre familiares encarcelados, el anuncio abre una posibilidad que hasta hace poco parecía remota.
Pero todavía quedan muchas preguntas por responder.
Lo confirmado hasta ahora es que el gobierno de Bukele prepara un mecanismo de libertad anticipada y condicional para personas consideradas colaboradores de pandillas con menor grado de participación, y que el presidente estima que el alcance podría ser considerable.
La magnitud real de la medida solamente se conocerá cuando el gobierno publique los criterios, el número de beneficiarios y el calendario para comenzar las liberaciones.
