El gobierno de Ontario está advirtiendo a los municipios que podrían perder parte de su financiamiento provincial si no cumplen con las reglas que les exigen dar preferencia a bienes y servicios producidos en Ontario y, en segundo lugar, en otras partes de Canadá.
La medida forma parte de la Buy Ontario Act, aprobada en 2025, y de una directiva municipal que entró en vigor este año. Desde el 13 de abril, los municipios deben priorizar bienes y servicios de Ontario y Canadá en determinadas compras públicas, mientras que requisitos específicos para vehículos de flota y proyectos de infraestructura comenzaron a aplicarse durante la primavera.
La ley otorga a la provincia autoridad para revisar el cumplimiento de los municipios y, en caso de incumplimiento, retener total o parcialmente fondos provinciales. Esa facultad no es solamente una advertencia política reciente: aparece expresamente contemplada dentro del marco legal y ya había sido identificada por la propia Ciudad de Toronto en documentos preparados para implementar la legislación.
El objetivo declarado por el gobierno de Doug Ford es utilizar el enorme poder adquisitivo del sector público para proteger empleos y empresas locales en medio de la guerra comercial con Estados Unidos. Ontario estima que el sector público provincial gasta alrededor de $30 mil millones al año en bienes y servicios, una suma que el gobierno quiere dirigir, siempre que sea posible, hacia proveedores de Ontario y Canadá.
La directiva afecta a todos los municipios, juntas locales y determinadas corporaciones de servicios municipales. Entre otras disposiciones, exige dar prioridad a vehículos fabricados en Ontario y considerar el contenido doméstico en proyectos de infraestructura de capital. Las adquisiciones urgentes e imprevistas, como las relacionadas con emergencias, están exentas.
Toronto ya modificó sus propias reglas de contratación en mayo para cumplir con la legislación. El Concejo Municipal aprobó cambios para preferir bienes y servicios hechos en Ontario, seguidos por productos canadienses, y para favorecer vehículos fabricados en la provincia.
Sin embargo, la ciudad también advirtió que el nuevo sistema podría aumentar costos administrativos y, en algunos casos, el precio de proyectos de infraestructura. Toronto pidió a Queen’s Park recursos adicionales para implementar y supervisar las nuevas normas, así como una fórmula de financiamiento que cubra posibles sobrecostos cuando una oferta canadiense o de Ontario resulte más cara que otra alternativa.
Ese punto resume uno de los principales debates alrededor de la política.
El gobierno provincial sostiene que priorizar proveedores nacionales fortalece las cadenas de suministro, protege empleos y reduce vulnerabilidad frente a disputas internacionales. Los municipios, por su parte, deben equilibrar ese objetivo con su obligación de administrar recursos públicos y mantener bajo control los costos de infraestructura y servicios.
La medida adquiere todavía más importancia porque Ontario distribuye cientos de millones de dólares anuales a gobiernos locales. Solamente el Ontario Municipal Partnership Fund entregará $600 millones en 2026 a 388 municipios, principalmente pequeños, rurales y del norte.
El nuevo mensaje de Queen’s Park es, por tanto, claro: la política de “Buy Ontario, Buy Canadian” ya no es solamente una recomendación de consumo patriótico, sino una obligación vinculada a la contratación pública.
Para los municipios, el desafío será demostrar que apoyan a proveedores locales y nacionales sin comprometer excesivamente sus presupuestos. Y para los contribuyentes, la pregunta será si esa estrategia logra fortalecer la economía provincial sin traducirse en mayores costos para carreteras, vehículos, servicios y otras obras municipales.
