El gobierno federal de Canadá inició esta semana el envío de cartas informativas a decenas de miles de empleados públicos para detallar los términos de un nuevo programa de jubilación anticipada voluntaria, parte de una estrategia más amplia para reducir el tamaño de la administración pública sin recurrir a despidos masivos.
Según confirmó Mohammad Kamal, director de comunicaciones de la Oficina del Presidente de la Junta del Tesoro, alrededor de 68,000 trabajadores recibirán la notificación, dirigida específicamente a quienes podrían ser elegibles. La medida se enmarca en el objetivo del gobierno de recortar aproximadamente 40,000 puestos del sector público, después de haber eliminado ya unos 10,000 empleos en el último año fiscal. El número total de empleados federales alcanzó su punto máximo en 2023-2024, con cerca de 368,000 puestos.
El nuevo programa busca aumentar la tasa de retiro voluntario entre empleados próximos a la jubilación, con el fin de evitar que los recortes recaigan sobre trabajadores más jóvenes. El incentivo permitiría que quienes se adhieran se retiren un año antes de lo previsto sin sufrir penalizaciones en su pensión.
Una copia digital de la carta —compartida con The Canadian Press— aclara que los empleados no necesitan tomar acción inmediata. También indica que la participación estará limitada a quienes cumplan ciertos criterios establecidos por la Junta del Tesoro, con el fin de asegurar la continuidad de los servicios esenciales. Por ello, advierte que la aceptación de solicitudes no está garantizada.
De acuerdo con el presupuesto federal, el programa podría implementarse a partir de enero de 2026, aunque Kamal señaló que aún se requiere legislación para ponerlo en marcha. La ventana para presentar solicitudes sería de 120 días a partir del 15 de enero de 2026 o de la fecha en que la legislación entre en vigor, lo que ocurra más tarde. Aquellos cuyas solicitudes sean aprobadas deberán retirarse dentro de los 300 días posteriores.
Incertidumbre entre los empleados y reclamos sindicales
A pesar de los incentivos, el programa genera dudas entre los trabajadores. Sharon DeSousa, presidenta nacional de la Alianza de Servicios Públicos de Canadá (PSAC), expresó que no espera una gran participación debido al alto costo de vida. Señaló además que aceptar la jubilación anticipada podría implicar renunciar a un pago global basado en años de servicio, algo que considera “dinero real adeudado a los trabajadores” bajo los convenios colectivos vigentes.
DeSousa enfatizó que el gobierno aún no ha revelado los detalles completos del programa y que cualquier decisión debe tomarse con asesoría sindical. “Nadie debería sentirse presionado a renunciar a derechos adquiridos”, advirtió, exigiendo negociaciones formales antes de avanzar.
Por su parte, Nathan Prier, presidente de la Asociación Canadiense de Empleados Profesionales, cuestionó que los fondos para el programa provengan del Fondo de Pensiones del Servicio Público, señalando que, en última instancia, serán los trabajadores quienes financiarán gran parte del costo a lo largo de sus carreras. Calificó la situación como una gestión que “roza el abuso”, aunque sostuvo que no se oponen a un programa de salida voluntaria si se implementa tras “un proceso reflexivo y consultado”.
Mientras Ottawa continúa su esfuerzo por reducir el tamaño del sector público, Kamal reiteró que los recortes se gestionarán principalmente a través de desgaste natural y retiros voluntarios, evitando en lo posible despidos forzosos. Aún así, varios departamentos trabajan en la reasignación de personal donde sea viable.
