Rodrigo Díaz M.
Google, la empresa de Alphabet, debe vender su navegador Chrome, compartir datos y resultados de búsqueda con sus rivales y tomar otras medidas (incluida la posible venta de Android) para poner fin a su monopolio en las búsquedas online, según han argumentado los fiscales ante un juez.
Las medidas presentadas por el Departamento de Justicia (DOJ) forman parte de un caso emblemático en Washington que tiene el potencial de remodelar la forma en que los usuarios encuentran información. Estarían en vigor hasta una década y se aplicarían a través de un comité designado por el tribunal para remediar lo que el juez que supervisa el caso considera un monopolio ilegal en las búsquedas y la publicidad relacionada en EE.UU., donde Google procesa el 90% de las búsquedas.
“El comportamiento ilícito de Google ha privado a sus rivales no sólo de canales de distribución esenciales, sino también de socios de distribución que, de otro modo, podrían permitir la entrada de competidores en estos mercados de formas nuevas e innovadoras”, señalaron el DOJ y las autoridades antimonopolio estatales en un escrito presentado ante un tribunal.
Sus propuestas incluyen poner fin a los acuerdos de exclusividad por los que Google paga miles de millones de dólares anuales a Apple y otros proveedores de dispositivos para que su motor de búsqueda sea el predeterminado en sus tabletas y teléfonos inteligentes.
El juez de distrito estadounidense Amit Mehta ha programado un juicio sobre las propuestas para abril, aunque el presidente electo Donald Trump y el próximo jefe antimonopolio del DOJ podrían intervenir y cambiar el curso del caso.
Las propuestas son de amplio alcance, e incluyen prohibir a Google volver a entrar en el mercado de los navegadores durante cinco años e insistir en que venda su sistema operativo para móviles Android si otras soluciones no consiguen restablecer la competencia. El DOJ también ha solicitado que se prohíba a Google comprar o invertir en rivales de búsqueda, productos de inteligencia artificial basados en consultas o tecnología publicitaria.
Los editores y los sitios web también tendrían la posibilidad de optar por no ser incluidos en la formación de los productos de inteligencia artificial de Google.
Un comité técnico de cinco personas nombrado por el juez velaría por el cumplimiento de las propuestas de los fiscales. El comité, que Google pagaría, tendría potestad para exigir documentos, entrevistar a empleados y profundizar en el código del software, según se desprende del expediente.
El conjunto de estas medidas pretende romper “un bucle de retroalimentación perpetuo que afianza aún más a Google” a través de más usuarios, datos y dinero en publicidad, según los fiscales.
