Por Edgardo Ayala
SAN SALVADOR. Como un pulpo que lo abarca todo, la minería metálica ha ido extendiendo sus tentáculos por América Central y golpeando la agricultura y los ecosistemas del área, de acuerdo con pobladores afectados, activistas y un nuevo informe sobre el problema.
“Donde está la empresa minera eran terrenos que arrendaban los campesinos para sembrar maíz y frijol, la base fundamental de nuestra agricultura, pero con la llegada de la compañía no hay tierras donde cultivar”, explicó Lesbia Villagrán, residente en el municipio de San Rafael Las Flores, en el este de Guatemala.
En esa localidad rural con algo más de 9.000 habitantes se instaló en 2007 la Minera San Rafael, subsidiaria de la compañía canadiense Tahoe Resources, y desde entonces los residentes en diferentes asentamientos esparcidos por ese municipio y otros vecinos se organizaron para detener sus operaciones.
La lucha de los pobladores contra el yacimiento de plata El Escobal obedeció a que consideran que sus actividades afectan sus medios de vida, como la agricultura, el agua y la biodiversidad de la zona.
“Cuando yo estaba pequeña, mi papá arrendaba cuatro o seis manzanas (algo más de cuatro hectáreas) de tierra y para nosotros era alegría trabajar en la cosecha, abundante, pero cuando los dueños de esos terrenos los vendieron a la empresa, mi papá ya no pudo cosechar nuestros granos básico”, agregó Villagrán, de 28 años.
El yacimiento cambió de dueño en enero, y ahora la empresa se llama Minera San Rafael El Escobal, subsidiaria de la también canadiense Pan American Silver, que según su portal de Internet es el segundo productor mundial de plata. Es propietaria y opera seis minas en México, Perú, Argentina, Bolivia y ahora en Guatemala.
“La situación agrícola es complicada debido a las operaciones de la empresa”, señaló Alex Reynoso, un caficultor de un municipio vecino a San Rafael.
De acuerdo con Reynoso, los mercados del país no quieren los productos cosechados cerca al yacimiento, porque temen que estén contaminados con los metales pesados utilizados en el proceso de extracción. “Los mercados más importantes del país evitan comprar nuestros productos, así de sencillo”.
Las operaciones de la mina se mantienen suspendidas desde julio 2017, debido a una resolución de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, que asumió el alegato de organizaciones de pobladores de la zona, pertenecientes al pueblo amerindio xinca, de que no fueron consultados sobre el proyecto.
El alto tribunal ratificó la medida de paralización en septiembre de 2018.
Este caso en Guatemala es un ejemplo de las tensiones que provoca en América Central la extracción de metales, una actividad que ha estado presente en el área, aunque en forma rudimentaria, desde los tiempos de la colonia española, en el siglo XVI.
Pero ha sido en las últimas décadas que ha mostrado una amplia expansión con la llegada de consorcios internacionales dedicados al sector.
El arribo de compañías extranjeras ha generado un conflicto social a partir de la oposición de residentes de los poblados donde se asientan las actividades mineras, especialmente en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
Por medio de las licencias ganadas, los consorcios han ido acaparando tierras de tradición agrícola o forestal, así como a los recursos hídricos vitales para la vida en las comunidades, sobre todo indígenas, poniendo en riesgo su seguridad alimentaria.
El estudio “Estrategias para la defensa del medio ambiente y derechos humanos ante los impactos del extractivismo minero en Centroamérica”, hecho público el 11 de febrero en San Salvador, da cuenta de esa expansión y sus impactos.
En Honduras, hasta enero de 2017 se habían otorgado 172 concesiones de minería metálica, que, en una extensión total de 7.275 kilómetros cuadrados, equivalentes a 6,47 del territorio del país.
En Guatemala, hasta la misma fecha, se habían otorgado 55 concesiones, con una superficie de 4.143 kilómetros cuadrados, un 3,81 por ciento de la superficie nacional.
Nicaragua, para mayo de 2017 había otorgado concesiones para 146 operaciones extractivistas, y aún procesa 20 solicitudes más. En conjunto, incluyendo las solicitudes pendientes, engloban 11.143 kilómetros cuadrados, es decir, 8,55 por ciento de su superficie total.
El Salvador hizo historia a nivel internacional, al ser el primer país en el mundo en prohibir de tajo toda forma de minería, en marzo del 2017. Pero hasta 2006 se registraban 31 concesiones metálicas, que cubrían un área de 1.088 kilómetros cuadrados, 5,17 por ciento de su territorio.
América Central es una región de grandes carencias sociales, con una población de 48 millones de habitantes y una extensión de 524.000 kilómetros cuadrados, y de la que forman parte también Costa Rica y Panamá.
Es, además, una de las regiones más vulnerables a los impactos del cambio climático, con pérdidas anuales en cosechas, ya sea por exceso de agua, en el periodo de lluvias, o por sequías, en el seco.
El informe “Impactos de la minería metálica en Centroamérica”, publicado en 2011, advertía que “el acceso al espacio geográfico con el que cuenta la minería es el doble que el dedicado a la producción de granos básicos, es decir, por cada kilómetro cuadrado que se encuentra cultivado con granos básicos en Centroamérica existen dos kilómetros cuadrados sobre los cuales la industria minera ejerce control”.
