El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a endurecer su retórica migratoria tras el tiroteo ocurrido esta semana en Washington, D.C., en el que murió la soldado de la Guardia Nacional Sarah Beckstrom, de 20 años. En un extenso mensaje publicado el Día de Acción de Gracias, Trump anunció que buscará “pausar permanentemente” toda inmigración procedente de lo que llamó “países del Tercer Mundo”, además de implementar un programa de “migración inversa” para deportar a quienes, según él, no sean “compatibles con la civilización occidental”.
El ataque que detonó estas declaraciones fue llevado a cabo por un nacional afgano que trabajó previamente con una unidad respaldada por la CIA durante la guerra en Afganistán. Las autoridades federales confirmaron la identidad del atacante y señalaron que el incidente no está relacionado con terrorismo internacional, aunque ha sido utilizado políticamente por el presidente para justificar nuevas restricciones migratorias.
En su mensaje, Trump también amenazó con retirar “todos los beneficios y subsidios federales” a no ciudadanos y con revisar la naturalización de migrantes que, en su opinión, representen riesgos para la seguridad nacional. Asimismo, adelantó que su gobierno reexaminará el estatus migratorio de residentes permanentes provenientes de 19 países considerados “de preocupación”, entre ellos Afganistán.
Las declaraciones han generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y expertos legales, quienes advierten que muchas de estas iniciativas enfrentarán desafíos constitucionales. En su primer mandato, Trump impulsó un veto migratorio contra países de mayoría musulmana, una medida que llegó hasta la Corte Suprema y que fue validada por una estrecha votación de 5 a 4.
Dos agencias de la ONU reaccionaron de inmediato, recordando que Estados Unidos está obligado por el derecho internacional a garantizar el acceso al asilo y a respetar el debido proceso. “Los solicitantes de protección tienen derecho a ser escuchados. La seguridad no puede justificar castigos colectivos”, señaló Jeremy Laurence, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos.
La retórica presidencial también incluyó referencias polémicas a la comunidad somalí en Minnesota, afirmando que “cientos de miles” de migrantes están “tomando” el estado, sin aportar evidencia. Trump volvió a atacar a la congresista Ilhan Omar, afirmando sin pruebas que ingresó ilegalmente al país y calificando a Somalia como un país “decadente y plagado de crimen”.
Mientras el ambiente político se intensifica, grupos defensores de migrantes han pedido evitar que el crimen cometido por un individuo se convierta en justificación para medidas que afecten a comunidades enteras. “La culpa es individual, no colectiva”, recordó el Consejo de Relaciones Islámicas-Estadounidenses (CAIR).
