Rodrigo Díaz M.
Justin Trudeau y su gobierno federal se han comprometido a aumentar la financiación en salud de las provincias y territorios canadienses a unos 196 billones de dólares en los próximos 10 años, en un acuerdo largamente esperado para hacer frente a la complicada situación de los sistemas de salud canadienses, con 46.2 billones en nuevos fondos.
Esta nueva oferta canadiense incluye tanto aumentos de la cantidad presupuestada para la Transferencia Sanitaria de Canadá (CHT) como planes federales para firmar acuerdos bilaterales con cada provincia y territorio que tengan en cuenta las circunstancias específicas de cada sistema.
Esta afluencia de fondos viene acompañada de la expectativa de que, para acceder a los nuevos fondos federales, los gobiernos provinciales y territoriales tengan que mantener sus actuales niveles de gasto en salud y comprometerse a cumplir nuevos requisitos de transparencia y rendición de cuentas sobre la forma en que se recopila, comparte, utiliza y comunica a los canadienses la información en materia de salud.
Aunque Trudeau presenta el compromiso de los liberales como “una importante inversión federal en salud”, los primeros indicios apuntan a que la oferta no ha satisfecho las demandas de las provincias.
Esto es lo que el gobierno federal ha puesto sobre la mesa:
– Un aumento nacional inmediato e “incondicional” de dos billones de dólares de la CHT para hacer frente a las presiones urgentes que sufren los hospitales pediátricos, los servicios de urgencias y los centros quirúrgicos.
– Un aumento del 5% de la CHT durante los próximos cinco años, a través del complemento anual, que se incorporaría a la base de la CHT al cabo de cinco años para garantizar un aumento permanente que proporcionaría unos 17.3 billones de dólares en 10 años.
– 25 billones a lo largo de 10 años para acuerdos bilaterales de una década con cada provincia y territorio, adaptados a sus necesidades de salud, pero relacionados con prioridades compartidas como el acceso a la salud familiar, la inversión en servicios de salud mental y drogodependencia, y la modernización del sistema de información de salud.
– 1.7 billones de dólares en cinco años para apoyar los aumentos salariales por hora de los trabajadores de apoyo personal y profesiones afines, a medida que los niveles de gobierno colaboran para retener, contratar y reconocer las credenciales de los trabajadores del sector salud.
– 150 millones de dólares a lo largo de cinco años para el Fondo de Inversión Sanitaria Territorial, con el fin de ayudar a sufragar los viajes médicos y el coste de la prestación de asistencia de salud en el Norte.
– Dos billones de dólares a lo largo de 10 años para hacer frente a los problemas de acceso a la salud a los que se enfrentan los pueblos indígenas.
“Estas inversiones federales adicionales dependerán de que las provincias y los territorios sigan invirtiendo en salud”, declaró la oficina de Trudeau en un comunicado en el que desvelaba los detalles.
Ni Trudeau ni los premiers tenían previsto salir de la reunión de trabajo de ayer de hoy con acuerdos ya concretados.
El siguiente paso para los gobiernos provinciales y territoriales será elaborar “planes de acción” que describan cómo piensan utilizar la financiación y medir las mejoras de sus sistemas.
Según el gobierno federal los acuerdos bilaterales deben respetar la jurisdicción de cada gobierno y la Ley de Salud de Canadá para proteger el “acceso de los canadienses a una asistencia médica basada en la necesidad y no en la capacidad de pago”.
Recientemente, en un esfuerzo por resolver el exceso de capacidad de sus quirófanos y las sinuosas listas de espera, algunas provincias han anunciado planes para permitir que más clínicas privadas ofrezcan determinados procedimientos. Esto ha revitalizado el debate sobre la privatización y sobre si lo que están haciendo algunas provincias va en contra del antiguo requisito de proporcionar un acceso razonable a los servicios sanitarios financiados con fondos públicos.
Para poder seguir recibiendo la totalidad de los fondos para de salud canadienses, las provincias deben respetar los criterios de la Ley y garantizar que no haya facturación adicional ni cargos a los usuarios por los servicios sanitarios asegurados.
Dado, que tanto el gobierno federal como los provinciales trabajan en la elaboración de sus presupuestos para el 2023, se espera que los detalles bilaterales se concreten a tiempo para que la financiación se contabilice en los próximos planes fiscales. “En las próximas semanas concluiremos los acuerdos bilaterales, empezarán a fluir más fondos y los canadienses empezarán a ver resultados reales”, declaró Trudeau.
