Tribunal pide trasladar a expresidente salvadoreño Saca a prisión común

Esta es la segunda vez que el juez Cuarto de Instrucción de San Salvador, Rigoberto Chicas, realiza la solicitud, que fue denegada por la Dirección de Centros Penales el pasado 23 de diciembre por el “nivel de hacinamiento” de las cárceles.
Saca y sus exsecretarios privado, de Comunicaciones y de Juventud, Elmer Charlaix, Julio Rank y César Funes, respectivamente, guardan prisión preventiva por los delitos de peculado, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero cometidos al malversar supuestamente 246 millones de dólares.
A ellos se suman Pablo Gómez, Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Alberto Herrera, “colaboradores directos” del exdirigente Saca, que aún son empleados de la Presidencia.
Según la Fiscalía, Saca y los implicados operaban una estructura dentro de la Presidencia que movió 246 millones de dólares a catorce cuentas personales de los funcionarios Charlaix, Rodríguez y Gómez, de las que posteriormente retiraron 116 millones de dólares “en efectivo” y, de ellos, “lavaron” 6 millones.
Los imputados se encuentran detenidos en los calabozos de la División Antinarcóticos de la Policía salvadoreña desde finales de noviembre del 2016, donde podrían contar con más comodidades de las que tiene una cárcel común.
La prisiones salvadoreñas son de las más hacinadas de América Latina, con un porcentaje de ocupación que supera el 300 %.
El pasado 5 de noviembre, un tribunal de Paz pasó el proceso a la etapa de instrucción o investigación judicial, ordenó la prisión preventiva y el embargo de los bienes de los imputados.
El expresidente llegó al Gobierno bajo la bandera del partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), de donde fue expulsado en 2010 para posteriormente presentarse a las elecciones presidenciales del 2014 con Unidad, una coalición de partidos de la derecha.
El partido ARENA también está salpicado por este caso, porque, según la Fiscalía, recibió un cheque por 400.000 dólares de los fondos supuestamente malversados.
Lo mismo ocurrió con el caso del difunto expresidente Francisco Flores (1999-2004), quien fue acusado de apropiarse de 5 millones de dólares y desviar otros 10 a una cuenta de ARENA, provenientes de donaciones taiwanesas.