, ubicado en la aldea El Platanar, municipio de San José Pínula en Guatemala, justo el día internacional de la mujer.
Las niñas, niños y adolescentes estaban bajo el abrigo y protección del Estado guatemalteco, por lo que el jueves 9 de marzo, los manifestantes en la Plaza de la Cultura exigieron el esclarecimiento, juicio y condena de los culpables de esta masacre.
En un escenario contaminado por la intervención del personal de dicho centro, señalado por violación física, sexual y trata de personas desde 2012, según la oficina del Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, los orígenes y razones de este siniestro está rodeado de misterio.
En la sentencia del 12 de diciembre de 2016 la judicatura del Juzgado Sexto de la Niñez para el Ministerio Público (MP) resolvió que hubo violaciones a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes abrigados en “El Hogar Seguro Virgen de la Asunción”, además el MP certificó que se investigaran los hechos.
El Consejo Nacional de Adopciones y UNICEF sugirieron el cierre del albergue ya que no reunía condiciones para la atención de los niños. Dichas recomendaciones fueron ignoradas por los gobiernos tanto del Partido Patriota como el partido FCN-Nación de James Morales.
El 90% de los niños y adolescentes de dicho centro han sido vulnerados por sus propios familiares como fuera de ellos, por lo que han sido alejados del ambiente familiar y puestos bajo la custodia del Estado Guatemalteco. En julio del 2015, 233 niños y niñas se habían fugado de ese lugar, huyendo del mal trato, abusos sexuales, trata de personas, falta de alimentos.
Uno de los jóvenes fugados de “El Hogar Seguro”, el 23 de julio de 2015 dijo al diario La hora que: “Nos ponían a hacer ejercicios tipo militarizados, nos trataban como reos… nos ponían a correr desnudos”. El 19 de octubre de 2016 la PDH registró 108 alertas Alba Keneth del Hogar Seguro, por lo que hay serias sospechas de trata de personas en la modalidad de explotación sexual y reclutamiento forzoso.
Al momento de la tragedia, el Hogar para 500 personas albergaba 717 menores afectados por diferentes formas de maltrato, quienes fueron remitidos a dicho centro por orden de juez. Agregando que se encontraban internados niñas y niños con discapacidades físicas.
La tragedia ocurrió el día ocho de marzo en un área donde fueron reubicadas unas 50 jovencitas que según las autoridades del centro intentaron fugarse de ese hogar estatal. Las niñas y adolescentes acusadas de amotinarse fueron encerradas bajo llave, y las primeras declaraciones aseguraron que ellas habían incendiado unos colchones, iniciando el fuego. Después de 40 minutos los bomberos fueron autorizados a ingresar al recinto cuando el fuego había sido extinguido.
A la fecha se reportan 40 jovencitas fallecidas por quemaduras térmicas e intoxicación, mientras 7 fueron trasladadas a Estados Unidos y el resto se encuentran en los hospitales de Guatemala.
Cuando creíamos que habíamos tocado fondo con los problemas de corrupción e inseguridad en Guatemala, la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción pone en evidencia que el Estado Guatemalteco sigue co-optado por la corrupción, caldo de cultivo para los cárteles del narcotráfico en donde los puestos administrativos no son ocupados por personal capacitado, sino por aquellos que han hecho del Estado un botín.
Todas las instituciones del estado guatemalteco están bajo el mando de ex militares, el organismo ejecutivo responde a las órdenes de “la juntita militar” que en el Congreso de la República frena la aprobación de las reformas legislativas, como la ley electoral y de partidos, las reformas al sistema judicial que retrasan los juicios del expresidente Otto Pérez Molina, la ex vicepresidenta Rosana Baldetti y secuaces corruptos, ahora en prisión.
Los esfuerzos del narco-estado guatemalteco por eliminar a Iván Velásquez de la Comisión Internacional Contra la Corrupción en Guatemala (CICIG) y a la Fiscal General Thelma Aldana y otros organizamos pro derechos humanos, hace sospechar que el genocidio de las 40 niñas del Hogar “seguro” Virgen de la Asunción pudiera estar vinculado a estos genocidas.
En los años 60’, el general Miguel Idígoras Fuentes, ante las protestas populares que pedían su renuncia, mandó a incendiar el hospital para enfermos mentales como distractor, asesinando a cientos de personas.
El lunes 13 de marzo la PDH aseguró que la responsabilidad de la muerte de las niñas recae en las instituciones del Estado de Guatemala. La población está ocupando de nuevo la Plaza Central. Necesitamos refundar el Estado Guatemalteco.
*Chiqui Ramírez puede ser contactada en [email protected]
Siguen sin esclarecerse las causas del incendio en que perdieron la vida 40 niñas en Guatemala
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