Rodrigo Díaz M.
La República Dominicana ha avisado que planea deportar hasta 10 mil inmigrantes indocumentados a la semana para combatir la inmigración descontrolada por medio de nuevo plan de control migratorio.
El plan fue anunciado por el portavoz del presidente Luis Abinader, Homero Figueroa, quien culpó a la comunidad internacional de la lentitud de su respuesta a los meses de violencia de bandas armadas en la vecina Haití y de su incapacidad para restablecer la estabilidad.
Decenas de miles de haitianos han huido a través de la frontera con la República Dominicana.
Los críticos afirman que el gobierno del presidente Abinader ha tratado de forma inhumana a los inmigrantes haitianos, muchos de los cuales huyen de la extrema violencia de las bandas y de la pobreza en la capital, Puerto Príncipe.
Figueroa dijo que las deportaciones comenzarían inmediatamente y seguirían protocolos estrictos que garantizaran el respeto de los derechos humanos. Los comentarios del portavoz del gobierno dominicano sugieren que el ritmo de deportaciones de haitianos indocumentados está a punto de aumentar significativamente.
Desde que la violencia de las bandas en Haití se ha agravado en los últimos meses, las autoridades dominicanas no han dejado de devolver haitianos a través de su frontera terrestre común, incluidos varios camiones cargados de personas al día en el paso fronterizo de Dajabón. Ahora, según Figueroa, esa cifra podría alcanzar las 10 mil personas a la semana.
El presidente dominicano advirtió recientemente a la Asamblea General de las Naciones Unidas que su gobierno estaba preparado para tomar lo que denominó “medidas drásticas” ante la crisis humanitaria al otro lado de la frontera.
En parte, estos últimos comentarios sobre deportaciones masivas subrayan la frustración de Santo Domingo ante la incapacidad de la comunidad internacional para establecer una mayor estabilidad en Haití.
Se ha desplegado en el país caribeño una fuerza de seguridad internacional dirigida por Kenia y compuesta por unos 400 agentes. Sin embargo, las bandas armadas siguen controlando la mayor parte de la capital y la emergencia humanitaria en términos de hambre, acceso a agua potable y atención médica sigue siendo crítica.
