Rodrigo Díaz M.
El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció a principios de semana que pondrá fin a todas las restricciones impuestas para combatir el COVID-19 en el Reino Unido, incluido el autoaislamiento obligatorio y la realización de pruebas gratuitas, lo que ha suscitado el escepticismo de algunos científicos y opositores políticos.
El plan de Johnson de “vivir con el COVID” ha desatado la alarma por ser considerado prematuro y porque dejaría al país vulnerable a nuevas variantes virales, pero el gobierno dice que ha proporcionado más pruebas que la mayoría de los otros países, y que ahora debe frenar el coste.
Este plan para deshacerse de las restricciones legales restantes es una prioridad para muchos de los legisladores del Partido Conservador de Johnson, cuyo descontento por su liderazgo plagado de escándalos ha amenazado su mandato. Algunos críticos creen que el plan es también un intento de desviar la atención de esos escándalos.
Gran Bretaña ha informado de 160 mil muertes por COVID-19 desde que comenzó la pandemia, el séptimo mayor número de muertes en un país del mundo.
Mientras Hong Kong construye unidades de aislamiento y Europa mantiene el distanciamiento social y los mandatos de vacunación, Johnson se está moviendo para derogar cualquier requisito pandémico que afecte a las libertades personales, diciendo que es hora de que el público asuma la responsabilidad.
Se apoyará aún más en el despliegue de vacunas de refuerzo, con el gobierno ofreciendo dosis adicionales de refuerzo a los más vulnerables, así como otras intervenciones farmacéuticas como los tratamientos antivirales.
“Las restricciones suponen un alto coste para nuestra economía, nuestra sociedad, nuestro bienestar mental y la calidad de vida de nuestros hijos, y no tenemos que seguir pagando ese coste”, dijo Johnson en el Parlamento.
“Así que aprendamos a vivir con este virus y sigamos protegiéndonos a nosotros mismos y a los demás sin restringir nuestras libertades”.
La obligación legal de autoaislarse para las personas que den positivo en las pruebas de COVID se eliminó ayer 24 de febrero, mientras que la distribución de pruebas universales gratuitas terminará el 1 de abril.
Las administraciones descentralizadas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte han establecido sus propias restricciones al COVID-19, pero la cantidad de dinero que tienen que gastar en las pruebas dependerá de las decisiones que tome el gobierno del Reino Unido.
