Rodrigo Díaz M.
Los ecuatorianos han votado a favor de permitir que los militares patrullen sus calles en el marco de un referéndum sobre el refuerzo de la seguridad en el país.
La consulta se convocó después de que Ecuador pasara de ser un país relativamente pacífico a tener la tasa de homicidios más alta de América Latina.
Los votantes también respaldaron la ampliación de las penas de prisión y la extradición de delincuentes violentos.
Pero los grupos de derechos humanos han expresado su preocupación por que las medidas puedan dar lugar a abusos.
El presidente Daniel Noboa convocó el referéndum tras una serie de asesinatos de alto nivel, entre ellos el de un candidato presidencial el año pasado y el de varios alcaldes en los últimos meses.
En el 2023, la policía registró unas ocho mil muertes violentas, y en enero el país se vio sacudido por una ola de violencia que se saldó con la fuga de un alto dirigente de una banda, motines en las cárceles y el secuestro de miembros armados de una cadena de televisión mientras emitían en directo.
Posteriormente, el presidente Noboa declaró el estado de emergencia y recurrió al ejército para luchar contra las bandas criminales y controlar las prisiones, pero el resultado del referéndum le permitirá ampliar los poderes del ejército y la policía a más largo plazo.
En las urnas, muchos de los que votaron “sí” a la serie de medidas de seguridad dijeron que se habían sentido más seguros en las calles desde que había aumentado la presencia militar.
El país está enclavado entre los dos mayores productores de cocaína del mundo, Colombia y Perú, y sus puertos ofrecen rutas cómodas para enviar la droga a Estados Unidos y Europa, donde la demanda es cada vez mayor.
El declive económico de Ecuador durante la pandemia de COVID-19 empujó a muchos jóvenes a las bandas y su relajado sistema de visados propició la llegada de muchas bandas internacionales.
En el referéndum también se pedía a los ciudadanos que respaldaran la legalización de los contratos de trabajo por horas, que, según el gobierno, ayudaría a insertar a los jóvenes en el mundo laboral y a alejarlos de la delincuencia. Los críticos argumentaron que supondría un retroceso en los derechos de los trabajadores y no se aprobó.
