Rodrigo Díaz M.
Decenas de miles de personas llenaron el domingo la inmensa plaza principal de Ciudad de México, apodada el Zócalo, para protestar contra los cambios en la ley electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador que, según ellos, amenazan la democracia y podrían suponer una vuelta al pasado.
La plaza tiene capacidad para unas 100 mil personas, pero muchos de los manifestantes que no cabían en ella se congregaron en las calles aledañas.
Las propuestas de López Obrador fueron aprobadas la semana pasada. Una vez promulgadas, recortarían los salarios, la financiación de las oficinas electorales locales y la formación de los ciudadanos que operan y supervisan las mesas electorales. También reducirían las sanciones a los candidatos que no informen de los gastos de campaña.
El presidente de México niega que las reformas sean una amenaza para la democracia y dice que las críticas son elitistas, argumentando que el instituto gasta demasiado dinero y que los fondos deberían destinarse a los pobres.
López Obrador ha importado vacunas contra el coronavirus, trabajadores médicos y balasto ferroviario de piedra de Cuba, pero ha mostrado poco gusto por las políticas socialistas en su país.
Muchos otros manifestantes simplemente desconfiaban del tipo de recuento erróneo de votos, gastos excesivos de campaña y tácticas de presión electoral que eran habituales en México antes de que se creara el organismo electoral independiente en la década de 1990.
López Obrador dijo que convertirá los cambios en ley, aunque espera impugnaciones judiciales. Muchos de los asistentes a la protesta del domingo expresaron su esperanza de que la Corte Suprema de México anule algunos de los cambios, como han hecho los tribunales con otras iniciativas presidenciales.
Lorenzo Córdova, titular del Instituto Nacional Electoral, ha dicho que las reformas “buscan recortar a miles de personas que trabajan todos los días para garantizar elecciones confiables, algo que por supuesto representará un riesgo para futuras elecciones”.
López Obrador se ha mostrado indiferente ante las impugnaciones judiciales, diciendo que creía que los cambios se mantendrían porque ninguno estaba “fuera de la ley”.
Sin embargo, en el pasado ha atacado con frecuencia al poder judicial mexicano y ha afirmado que los jueces forman parte de una conspiración conservadora contra su administración.
La estridente arremetida del presidente contra el poder judicial, así como contra los organismos reguladores y de supervisión, ha suscitado entre algunos el temor de que pretenda reinstaurar las prácticas del antiguo PRI, que torció las reglas para conservar la presidencia de México durante 70 años hasta su derrota en las elecciones de 2000.
Las elecciones en México son caras según los estándares internacionales, en parte porque casi toda la financiación legal de las campañas la proporciona, por ley, el gobierno. El instituto electoral también expide las credenciales de elector seguras, que son la forma de identificación más comúnmente aceptada en México, y supervisa las votaciones en los rincones remotos y a menudo peligrosos del país.
López Obrador sigue siendo muy popular en México, con unos índices de aprobación de alrededor del 60%. Aunque no puede presentarse a la reelección, su partido Morena es favorito en las elecciones nacionales del año que viene y la oposición está desorganizada.
