Rodrigo Díaz M.
Algunos diputados conservadores han pedido al gobierno federal que suspenda la política de cuarentena hotelera obligatoria a raíz de dos denuncias de violencia sexual.
La policía de Montreal ha detenido a un hombre de Windsor (Ontario) que presuntamente ha agredido a una mujer en un hotel de cuarentena de Dorval (Quebec).
Robert Shakory fue detenido por la policía de Montreal y ahora se enfrenta a cargos de agresión sexual, allanamiento de morada y acoso criminal.
Mientras tanto, un hombre de Hamilton, contratado y formado por la agencia federal de salud pública de Canadá para trabajar como guardia de seguridad, ha sido acusado de agredir sexualmente a una mujer durante un control de cuarentena este mes.
La policía de la región de Halton afirma que el hombre acudió a un domicilio de Oakville el 18 de febrero para realizar un control de cumplimiento de la cuarentena, exigió dinero por una multa falsa y luego agredió sexualmente a una mujer después de que ésta se negara a pagar.
Hemant fue detenido el martes y ha sido acusado de extorsión y agresión sexual; la policía ha advertido que “puede haber otras víctimas”.
Los parlamentarios dijeron que los viajeros tienen derecho a esperar en condiciones seguras en los centros de cuarentena administrados por el gobierno federal y que las presuntas violaciones sexuales son “inconcebibles”.
Todo aquel que regrese a Canadá de viajes internacionales no esenciales, vía aérea, deben alojarse en un hotel autorizado, por el cual deben pagar, durante un máximo de 72 horas mientras esperan los resultados de una prueba de reacción en cadena de la polimerasa (comúnmente conocida como prueba PCR) realizada justo al arribar a país.
Aunque este programa entró en vigor el 22 de febrero, algunos viajeros se vieron obligados a permanecer en instalaciones de cuarentena antes de esa fecha por no tener planes de aislamiento adecuados.
La Agencia de Salud Pública de Canadá (PHAC, por sus siglas en inglés) ha contratado a guardias de seguridad de empresas privadas para que lleven a cabo controles de cumplimiento de algunos viajeros que regresan y se aíslan en casa.
En virtud de la Ley de Cuarentena, estos “funcionarios de control designados” pueden visitar periódicamente el domicilio de un viajero para asegurarse de que cumple con el requisito de aislamiento obligatorio de 14 días y proporcionarle “educación sobre el cumplimiento” o emitir advertencias verbales, según sea necesario.
Sin embargo, los agentes no son policías y no pueden imponer multas ni realizar detenciones. Tampoco pueden exigir ningún tipo de pago. Si se plantean problemas durante un control de cumplimiento, la PHAC puede solicitar el seguimiento del caso por parte de las fuerzas del orden.
