Por Emilio Godoy
El uso de herramientas tecnológicas en las campañas políticas ha aterrizado en América Latina, acompañado de prácticas que suscitan preocupación entre académicos y organizaciones sociales, más en un año donde el llamado a las urnas se multiplica por la geografía regional.
El uso de programas automatizados –conocidos por el vocablo inglés “bots”- para crear perfiles en redes sociales destinados a neutralizar mensajes críticos, la propaganda, la difusión de mentiras y las campañas de odio en plataformas como Facebook, Twitter y WhatsApp son ya pan digital de todos los días en la región.
Para Tommaso Gravante, académico del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, una preocupación emergente es la creación de perfiles falsos en redes sociales usando inteligencia artificial o aprendizaje de máquinas.
“Claramente, da la impresión de que esas tecnologías empobrecen el debate con respuestas superficiales. Hay un problema en las empresas que manejan ‘big data’ (datos masivos), como Google. Hay acumulación de información, pero no se sabe cómo la manejan. Se usan algoritmos complejos. Hay una incógnita sobre ese manejo”, dijo.
Gravante fue uno de los cinco ganadores en 2017 de la Séptima Competencia Mundial para Jóvenes Sociólogos organizada por la Asociación Internacional de Sociología y es uno de los coordinadores del “Tecnopolítica en América Latina y el Caribe”, publicado en 2017.
En 2018, seis países latinoamericanos celebran elecciones presidenciales y otros tantos realizan elecciones legislativas o consultas populares. Y la tecnopolítica integra el paisaje electoral de esos procesos, que dieron ya comienzo.
En la ruta hacia las votaciones presidenciales en México del 1 de julio ya se aprecia el recurso de las redes sociales, perspectiva que se prevé de forma similar para las elecciones en Colombia de mayo o en Brasil en octubre. Costa Rica, Paraguay y Venezuela son los otros países donde este año se elige al próximo jefe de Estado.
“La doble vía de la tecnología digital (cualquiera habla-cualquiera oye) es una gran ventaja para la libertad de expresión, pues potencia no solo la posibilidad de informar sino de informarse, pero también se ve cómo los problemas de la sociedad van apareciendo en la red”, declaró la especialista colombiana Catalina Botero.
El problema se traduce en la amplificación que potencialmente logra un mensaje en internet que también extiende su posible efecto perverso, considera la actual directora de la no gubernamental Fundación Karisma, promotora de los derechos humanos en el entorno digital, y antes relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2008-2014).
El uso de las redes sociales y medios digitales en las campañas políticas irrumpió en escena en Estados Unidos en 2008, de la mano del demócrata Barack Obama (2009-2017), quien ganó los comicios presidenciales de noviembre de aquel año.
Se construyó desde entonces la percepción de que las nuevas tecnologías podían determinar el matiz de las campañas y, por ende, los resultados electorales.
Esa creencia se cimentó aún más con el uso de big data y de minería de datos (‘data mining’, cotejo, mezcla y clasificación de datos), utilizados en 2016 por el actual presidente estadounidense, el republicano Donald Trump, para construir modelos electorales y así dirigir específicamente los mensajes.
Por ello, los partidos políticos de todo el espectro han buscado asesoría en esos campos y las agencias de mercadeo e imagen digital han sumado esos servicios a su portafolio.
Seis de cada 10 latinoamericanos usan una red social, según un estudio de diciembre elaborado para el diario español El País por la consultora Latinobarómetro y el Instituto para la Integración de América Latina, adscrito al Banco Interamericano de Desarrollo.
Paraguay, Costa Rica, Uruguay, México, Chile, Colombia y Brasil son las naciones más conectadas a esos medios sociales, cuyo listado encabezan Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram y Twitter.
En 2015, 43 por ciento de los hogares latinoamericanos tenía acceso a Internet, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Argentina, Uruguay, Chile y Costa Rica encabezan el listado de hogares más conectados, mientras que Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador son los menos conectados.
Como lo demuestran varios estudios, ya aparecen en la región prácticas para manipular la información y orientar el discurso político, como ha sucedido en países como Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania.
El estudio de 2017 “Tropas, provocadores y agitadores: un inventario global de manipulación organizada de redes sociales”, detectó bots en 28 países, entre ellos Argentina, Brasil, Ecuador, México y Venezuela.
El informe, elaborado por dos investigadores del Proyecto de Investigación de Propaganda Informática del Instituto de Internet de la británica Universidad de Oxford, considera que gobiernos y partidos políticos promueven esas huestes digitales, vía instituciones oficiales o proveedores privados.
