Rodrigo Díaz M.
El gobierno de Ontario anunció el lunes una nueva ley en un intento de acabar con las fábricas de cachorros ilegales y la cría poco ética de perros en toda la provincia.
Un portavoz del procurador general de Ontario declaró que la Ley de Prevención de la Venta No Ética de Cachorros (PUPS), si se aprueba, modificará la Ley Provincial de Servicios de Bienestar Animal (PAWS) para impedir prácticas nocivas de cría de perros, imponer sanciones y garantizar que los perros de Ontario reciban el cuidado que merecen.
Los cambios propuestos prohibirían varias prácticas de cría de perros poco éticas, como criar a una perra más de tres veces en un periodo de dos años y/o criar más de dos camadas de los ciclos de celo consecutivos de una perra, criar a una perra de menos de un año y separar a un cachorro de su madre antes de las ocho semanas de edad, entre otras.
En el 2011, Toronto se convirtió en la segunda ciudad de Canadá, tras Richmond (en British Columbia), en prohibir la venta de cachorros procedentes de fábricas de cachorros en las tiendas de animales.
Según la legislación propuesta, la provincia introducirá multas mínimas de 10 mil dólares para quien explote una fábrica de cachorros y de 25 mil dólares si estas infracciones provocan la muerte de un perro.
“Ontario cuenta actualmente con las sanciones más severas del país por infracciones contra el bienestar animal, y no pararemos hasta que los perros y otros animales de toda la provincia dispongan de un sistema completo y sólido que garantice su seguridad”, declaró el fiscal General Michael Kerzner.
“La Ley de Prevención de la Venta No Ética de Cachorros ayudará a garantizar que Ontario siga siendo líder en bienestar animal al ser la primera provincia del país en introducir penas mínimas específicas para las fábricas de cachorros”.
La provincia también tiene previsto aumentar el número de inspectores de los Servicios de Bienestar Animal, que actualmente es de unos 100, repartidos por todo Ontario.
La Ley PAWS entró en vigor el 1 de enero del 2020. Las actuales leyes sobre crueldad animal se aplican a todos los perros de la provincia, estén o no en una fábrica de cachorros.
