Rodrigo Díaz M.
Los liberales prometen asegurar que todos los canadienses tengan acceso a un médico de familia, servicios de salud mental y medicamentos por prescripción.
Prometiendo dar los “próximos pasos críticos” hacia un programa nacional de fármacos, los liberales negociarían con las provincias y territorios para mejorar los resultados de la atención a la salud, incluyendo la búsqueda de un mandato para avanzar en el diseño e implementación del programa.
En junio, el consejo asesor designado por el gobierno liberal recomendó el establecimiento de un sistema universal de fármacos públicos.
El informe de 171 páginas del consejo pedía la creación de una nueva agencia de medicamentos que redactaría una lista nacional de medicamentos recetados que serían cubiertos por el contribuyente, comenzando con una lista inicial de medicamentos comunes y esenciales, para el 1 de enero de 2022.
El consejo recomendó que la lista inicial se ampliara a un plan integral para el 2 de enero de 2027.
Cuando se aplique plenamente, el costo total sería de 15 mil millones de dólares al año.
El gobierno federal también está haciendo cambios en la forma en que evaluará los nuevos precios de los medicamentos en un intento de ahorrarles miles de millones de dólares a los canadienses en los próximos 10 años.
En agosto, el gobierno dio a conocer los cambios a la Junta de Revisión de Precios de Medicamentos Patentados, creada por primera vez en 1987 como escudo contra los altos precios de los medicamentos, que están a punto de entrar en vigor en julio próximo.
Bajo las nuevas regulaciones, la junta ya no comparará los precios con los de Estados Unidos y Suiza, que tienen algunos de los precios de medicamentos más altos del mundo, al calcular qué compañías están autorizadas a cobrar.
Todavía comparará los precios de los medicamentos con los de Francia, Alemania e Italia, y ha añadido a la lista a Japón, España, Noruega, Australia, Bélgica y Holanda.
La plataforma de atención sanitaria liberal también se compromete a establecer normas claras para el acceso a los servicios de salud mental, a mejorar el acceso a la atención domiciliaria y a los cuidados paliativos.
El Partido Liberal dice que estas medidas representan una inversión federal de 6 mil millones de dólares.
