Por José Adán Silva
Agresiones a periodistas, persecución a los gremios de los comunicadores, censura directa y campañas de desprestigio son un alto costo que la libertad de expresión de Nicaragua ha pagado desde que comenzaron las protestas ciudadanas contra el gobierno de Daniel Ortega en abril.
Se trata de la culminación de “un proceso de degradación en el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión” durante los 11 años de presidencia del exguerrillero sandinista, aseguró el decano de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Ciencias Comerciales, Adrián Uriarte.
Para el académico, en este tema el gobernante del izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) casi está llegando al nivel de los peores años de la dictadura de la familia Somoza (1934-1979).
La semana pasada, más de 200 periodistas, directores y dueños de medios independientes firmaron en Managua una declaración donde demandan al gobierno de Ortega y las instituciones del Estado, “el respeto al ejercicio del periodismo” y “seguridad para ejercer el derecho irrestricto a la libertad de expresión”.
También requirieron una investigación independiente sobre los sucesos violentos desde que comenzaron el 17 de abril las protestas sociales, que aún se mantienen, pero con menor virulencia. Recordaron que su saldo hasta ahora es de más 47 personas muertas, más de 400 heridas o detenidas y daños graves a periodistas, así como la destrucción de equipos y recursos de los medios de comunicación.
Esa misma semana, Managua fue escenario de una nueva gran marcha de estudiantes, campesinos y sociedad civil, en demanda de justicia y democracia para el país, que se desarrolló sin incidentes, y que el gobierno contrapuso por primera vez con una manifestación a su favor por parte de sus adeptos.
El decano Uriarte consideró que desde que Ortega volvió al poder en 2007, se estableció “una política de comunicación excluyente” que brindaba todas las facilidades y el apoyo del Estado a “los medios del poder ciudadano” y vetaba de entrada el acceso a la información y el ejercicio del periodismo independiente a los demás medios.
Esa política, según Uriarte, generó una acumulación de medios a favor del gobierno, mediante la compra de canales de televisión, radios, medios impresos y la proliferación de portales digitales, mientras espacios de prensa independiente iban siendo cerrados y ahogados económicamente mediante la aplicación de medidas fiscales y el retiro de la publicidad estatal.
“Eso fue mermando la calidad de la libertad de expresión y del ejercicio del periodismo”, aseguró Uriarte, quien puntualizó que el período más crítico ocurre desde el comienzo de la actual ola de protestas.
El detonante que hizo estallar el descontento en las calles fue un decreto de reforma de la previsión social, que incrementaba los aportes y reducía los beneficios y que Ortega retiró el 22 de abril, en un intento de acallar la crisis.
Uriarte ha registrado una serie de ataques directos a periodistas de tres medios opositores: la emisora radial Onda Local, el diario La Prensa y el canal de televisión de noticias por suscripción 100 % Noticias.
“Pero la baja más sensible ha sido el asesinato del periodista Ángel Gahona y el asedio contra la periodista Ileana Lacayo en Bluefields, así como la detención ilegal del reportero Salomón Manzanares en León. Estos hechos demuestran que, en Nicaragua, hemos pasado de la censura indirecta a la censura directa, un método que se creía superado en Nicaragua”, aseguró.
A Gahona lo asesinaron de un balazo en la cabeza el 21 de abril, en los primeros días de rebelión callejera, en Bluefields, capital de la oriental Región Autónoma del Caribe Sur, cuando cubría las protestas en esa ciudad y su muerte fue grabada en directo.
La Policía Nacional ha detenido y acusado del hecho a dos adolescentes afrodescendientes, pero la familia de la víctima rechaza la versión oficial y señala directamente a miembros de ese mismo cuerpo como sospechosos del crimen.
“Otros síntomas agudos contra la libertad de expresión han sido la serie de hechos que van desde la destrucción de Radio Darío (en la ciudad occidental de León), el intento de incendio de la pro-gobernante Radio Ya y la quema de un vehículo del Canal 8, propiedad de Juan Carlos Ortega Murillo, hijo del presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo”, enumeró Uriarte.
Por su parte, Gustavo Bermúdez, presidente de la Asociación de Periodistas de Nicaragua, dijo que el ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo “ha alcanzado su punto más crítico desde abril a la fecha”, tras 11 años de una creciente represión y censura contra los medios independientes.
Su recuento es que más de 100 espacios radiales y televisivos han desaparecido por la censura y el ahogo económico del gobierno a los medios, más de 20 periodistas han emigrado del país en busca de mejores opciones económicas y al menos 30 más han dejado de ejercer la profesión.
