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El Ayuntamiento de Mississauga aprobó una nueva normativa destinada a proteger a los inquilinos frente a desalojos ilegales conocidos como “renovictions”, una práctica cada vez más común en mercados de vivienda con alta presión.
La nueva ley, denominada Rental Repairs and Renovations Licensing By-law, entrará en vigor el 1 de septiembre de 2026 y establece requisitos más estrictos para los propietarios que deseen realizar renovaciones que impliquen desalojar a sus inquilinos.
Uno de los cambios más importantes es que los propietarios deberán obtener una licencia municipal antes de iniciar renovaciones importantes. Además, no podrán avanzar con los trabajos hasta contar tanto con el permiso de construcción como con la aprobación de la ciudad.
La normativa también busca garantizar que los inquilinos estén informados de sus derechos. Los propietarios deberán proporcionar información oficial sobre el proceso y notificar adecuadamente a los residentes afectados.
En términos económicos, la ley introduce nuevas obligaciones para los propietarios, incluyendo compensaciones para los inquilinos desplazados. Esto incluye pagos para cubrir gastos de mudanza y, en algunos casos, apoyo adicional si el alquiler temporal es más alto que el original.
El objetivo principal es evitar que algunos propietarios utilicen renovaciones como pretexto para desalojar a inquilinos y posteriormente aumentar los precios de alquiler, una práctica que contribuye a la pérdida de vivienda asequible.
El nuevo reglamento complementa la legislación provincial existente bajo el Residential Tenancies Act, particularmente el proceso N13, que regula desalojos por renovaciones.
Además, la ciudad implementará mecanismos de supervisión y sanciones. Los propietarios que no cumplan con la normativa pueden enfrentar multas que van desde cientos hasta decenas de miles de dólares en casos graves.
Funcionarios municipales indicaron que la ley fue desarrollada con la participación de residentes, propietarios y grupos comunitarios, reflejando la necesidad de equilibrar los derechos de los inquilinos con la capacidad de los propietarios para mantener sus propiedades.
En un contexto de creciente crisis de vivienda, la medida ha sido vista como un paso importante para proteger la estabilidad de los inquilinos y preservar unidades de vivienda asequible.
Para los residentes de Mississauga, la nueva ley representa una herramienta adicional para defender sus derechos en un mercado inmobiliario cada vez más competitivo.
