Rodrigo Díaz M.
El activista cívico Adam Chaleff presentó una solicitud formal ante el comisionado de integridad de la ciudad pidiendo una investigación sobre si la participación de Tory en el fideicomiso de la familia Rogers puso al alcalde en un conflicto de intereses durante una votación del consejo el mes pasado sobre el programa de cierre de carreteras de la ciudad, ActiveTO.
Chaleff, un activista de izquierda y profesional de la comunicación que también organizó una demanda contra el ex alcalde Rob Ford que lo destituyó temporalmente en 2012, dijo que creía que era su “deber cívico” presentar la demanda contra Tory.
“Cada vez que parece que alguien no ha mantenido el alto nivel de integridad que esperamos de nuestros políticos, tiene que enfrentarse a las consecuencias por ello, y este es un caso realmente importante de eso”, dijo.
Sostuvo que Tory “no puede servir a dos señores, Rogers y la ciudad de Toronto y su gente”.
El alcalde ha negado haber actuado mal.
En el período previo a la votación del 15 de junio, el presidente y director general de los Blue Jays de Toronto, Mark Shapiro, había pedido públicamente a la ciudad que detuviera los cierres regulares de Lake Shore Boulevard West como parte del programa ActiveTO, argumentando que el cierre de la calle al tráfico de automóviles dificultaba el acceso de los aficionados a los partidos. Tory defendió públicamente a Shapiro y más tarde votó con otros concejales para aprobar un plan que no incluía cierres frecuentes del Lake Shore Boulevard.
La solicitud de Chaleff al comisionado de integridad Jonathan Batty alega que Tory tenía un interés financiero indirecto en el asunto porque forma parte del comité asesor del fideicomiso familiar que controla a Rogers. Rogers es el propietario de los Jays.
La denuncia afirma que las acciones del alcalde “(dan) lugar a la preocupación” de que haya violado la Ley de Conflicto de Intereses Municipal.
La ley provincial estipula que los miembros del consejo tienen que declarar cualquier interés financiero que tengan en un asunto que se trate en el consejo, y no participar en ninguna discusión o votación sobre el asunto.
Tory ha sido miembro del comité asesor del Rogers Controlling Trust desde 2010. El fideicomiso está compuesto principalmente por miembros de la familia Rogers y controla más del 90% de las acciones con derecho a voto en la empresa de comunicaciones, lo que le permite tomar importantes decisiones de liderazgo y transacciones. Tory cobra 100 mil dólares al año por su papel en el comité. El año pasado su salario como alcalde fue de unos 197 mil dólares.
La solicitud de Chaleff pide al comisario que acelere la investigación para que el público pueda “entender si ha habido una infracción de la (Ley)” antes de las elecciones municipales del 24 de octubre en las que Tory aspira a un tercer mandato consecutivo.
También argumenta que, si hay razones para creer que Tory ha infringido la ley, el comisario está obligado a remitir el caso a un juez. Si un juez considera que un concejal ha incurrido en un conflicto, puede enfrentarse a sanciones que van desde una amonestación hasta una suspensión de sueldo de 90 días y la destitución del cargo sin poder volver a ejercerlo durante un máximo de siete años.
No hay indicios de que Tory se enfrente a las penas más estrictas si se descubre que ha infringido la ley en este caso.
