Por Guillermo Fernández Ampié
A mediados de julio pasado representantes estadounidenses y guatemaltecos firmaron un acuerdo por el cual Guatemala se comprometió a recibir a las personas soliciten asilo a Estados Unidos, desde donde deberán esperar mientras las autoridades estadounidenses deciden sobre sus casos. De manera que el gobierno de EUA podrá trasladar a Guatemala a muchos solicitantes de asilo que actualmente esperan en instalaciones estadounidenses una respuesta a su solicitud. A la vez, obliga a los centroamericanos que deseen solicitar asilo a Estados Unidos a hacerlo desde Guatemala.
El documento provocó encendidas controversias en el país centroamericano. La primera de ellas tiene que ver con su propia naturaleza y alcances. Mientras desde la Casa Blanca se anunció que con él Guatemala se convertía así en “un tercer país seguro” para los solicitantes de asilo, según lo establecido por algunas normas internacionales; funcionarios del gobierno guatemalteco declararon que el documento en ninguna parte menciona esos términos. Aclararon, además, que solamente se refiere a personas provenientes de El Salvador, quienes podrían esperar en Guatemala que se resuelva sobre sus casos.
El acuerdo fue rechazado por diversos sectores de la sociedad guatemalteca por varias razones. Una de ellas es que resulta violatorio a la Constitución del país. Enrique Degenhart, ministro de Gobernación (Interior) guatemalteco, quien firmó en representación de su país, sobrepasó sus atribuciones. Ante ello, se interpusieron varios recursos de inconstitucionalidad en contra del acuerdo, poniendo en dudas su implementación. En otras palabras, es un acuerdo cuya implementación se ha vuelto insegura.
Una más señala que Guatemala no tiene las condiciones ni los recursos materiales ni económicos para acoger a los solicitantes de asilo. A esta última observación, Degenhart respondió que estos no representarán ningún egreso para el país, pues deberán sostenerse con sus propios recursos.
La contradicción es evidente dado que los miles de migrantes que buscan asilo o simplemente una oportunidad de vida en suelo estadounidense lo hacen por las terribles condiciones económicas, falta de empleo y violencia predominante en sus países de origen. Cuando viajan hacia el norte no llevan más que la ropa que visten en ese momento. En este sentido, representantes de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos han señalado que el acuerdo pondrá en situación de calle a los que reciba Guatemala, pues tendrán que pedir dinero o alimentos en las calles para poder sostenerse.
Otras críticas señalan que el acuerdo en realidad no es tal, sino una imposición estadounidense que se logró a base de chantajes y amenazas. Efectivamente, previo a la firma del documento el presidente estadounidense amenazó con incrementar los aranceles a las exportaciones guatemaltecas destinadas al mercado estadounidense. Estados Unidos es el principal socio comercial de Guatemala y el destino del 33% de sus exportaciones, que en 2018 ascendieron a 11 mil millones de dólares, según datos del Banco de Guatemala.
Otra amenaza más grave fue la de gravar las remesas que los guatemaltecos que viven y trabajan en Estados Unidos envían a sus familiares en Guatemala. Este rubro es el segundo pilar de la economía del país centroamericano. Las remesas recibidas en 2018 ascendieron a 9,200 millones de dólares (70 mil millones de quetzales), y permitieron solventar las necesidades básicas de miles de familias.
Dangenhart implícitamente reconoció que Guatemala tuvo que ceder a las presiones estadounidenses y que fue por ello por lo que se firmó el controvertido documento, al afirmar que de no haberlo hecho habrían sufrido “nefastas consecuencias”, incluyendo la pérdida de más de un millón de empleos.
Un último señalamiento, pero no el menor de importancia, es el que advierte de los peligros que correrán tanto los solicitantes de asilo que sean enviados a territorio guatemalteco como los que deberán realizar sus solicitudes de asilo que desde este país.
No pocas de las personas que abandonan su lugar de origen y solicitan asilo lo hacen porque están huyendo de las amenazas contra sus vidas y por las persecuciones de maras y pandillas una vez que han rechazado integrarse a ellas. Tanto desde la propia Guatemala, como desde Honduras y El Salvador, activistas de la sociedad civil han señalado que como parte del triángulo del norte centroamericano Guatemala también es un territorio bajo control de la Mara Salvatrucha y la Mara 18, y de otros grupos más pequeños vinculados con el narcotráfico y la trata de personas.
De tal manera que más allá de las violaciones al entramado jurídico guatemalteco y los problemas económicos, de ponerse en práctica, el acuerdo firmado por Guatemala y Estados Unidos para que el primero funcione como “tercer país seguro” permitirá que los solicitantes de asilo sean enviados a la boca del lobo.
