Rodrigo Díaz M.
El Comité de la Cámara de los Comunes que estudia los precios de los alimentos señala en su último informe que el Gobierno federal debería estudiar políticas para atajar los “beneficios netos excesivos” del sector alimentario.
La comisión recomienda al gobierno federal que estudie la forma de atajar estos beneficios en “sectores monopolísticos y oligopolísticos de la cadena de suministro alimentario”, que, según afirma, están haciendo subir los precios para agricultores y consumidores.
En un informe presentado recientemente, la comisión detalla su investigación sobre las causas de la inflación y la inseguridad alimentarias en Canadá, incluido el testimonio de alto nivel de ejecutivos de supermercados en los últimos meses.
Los dirigentes de Loblaw, Metro, Empire, propietaria de Sobeys, Walmart Canada y Costco se han enfrentado a preguntas de los parlamentarios sobre la magnitud de sus beneficios en un contexto de elevada inflación alimentaria, de la que, según afirman, no se han beneficiado indebidamente.
El informe de la comisión ofrece una serie de recomendaciones que van desde la reducción de las barreras de entrada de nuevas empresas a Canadá hasta la introducción de cambios legislativos para reforzar la ley de competencia en materia de fusiones.
El comité también recomendó que el gobierno debatiera con las provincias y territorios una legislación que haga obligatorio el código de conducta.
Esta recomendación llega tras el anuncio de Loblaw de que tiene previsto adherirse al código, después de meses de presiones para que participara en él.
El código, impulsado por el sector, tiene por objeto equilibrar la situación de las pequeñas empresas del sector.
Es voluntario, pero en los últimos meses ha aumentado la presión sobre el gobierno para que lo convierta en ley, ya que no todos los grandes supermercados parecían dispuestos a firmarlo.
En diciembre, Loblaw y Walmart manifestaron a la comisión su temor a que aumentaran los precios para los canadienses. Y a principios de este año, la comisión escribió una carta a esos dos supermercados, diciendo que si no firmaban, recomendaría que el código fuera obligatorio.
