Rodrigo Díaz M.
El ministro de transporte, Omar Alghabra, afirma que el uso por parte de las compañías aéreas de las lagunas existentes en materia de compensación a los viajeros “no ha dejado al gobierno otra opción” que reforzar las normas sobre derechos de los pasajeros.
En medio de una enorme acumulación de reclamaciones, Alghabra declaró el lunes que la pandemia de COVID-19 y el caos de los viajes del año pasado dejaron al descubierto las lagunas de la carta de derechos de los pasajeros de los liberales. Las aerolíneas aducen con frecuencia la seguridad como motivo de las cancelaciones y retrasos de última hora, lo que les exime de su obligación de indemnizar a los clientes.
En una rueda de prensa en Ottawa, el ministro federal presentó reformas que obligan a las compañías aéreas a demostrar que la interrupción de un vuelo se debe a problemas de seguridad o a razones ajenas a su voluntad.
“Esto significa que ya no habrá lagunas en las que las aerolíneas puedan alegar que una interrupción está causada por algo fuera de su control por motivos de seguridad cuando no es así. Y ya no será el pasajero quien tenga que demostrar que tiene derecho a una indemnización. Ahora será la aerolínea la que tendrá que demostrar que no tiene que pagarla”, dijo.
“Realmente creo que las aerolíneas no han dejado otra opción al gobierno, después de lo que hemos visto, que aclarar más las normas y asegurarse de que se protegen los derechos de los pasajeros”.
En la actualidad, un pasajero tiene derecho a una indemnización de entre 125 y mil dólares por un retraso de más de tres horas o una cancelación efectuada en los 14 días anteriores a la salida programada a menos que la perturbación se derive de acontecimientos fuera del control de la aerolínea, como las condiciones meteorológicas, o de un problema de seguridad, como problemas mecánicos. El importe varía en función del tamaño de la compañía y de la duración del retraso.
Presentadas recientemente en la Cámara de los Comunes como parte de un proyecto de ley de ejecución presupuestaria, las enmiendas también elevan la sanción máxima por infracciones de las compañías aéreas a 250 mil dólares (un aumento de diez veces) y hacen recaer sobre las compañías el coste reglamentario de las reclamaciones. En teoría, la medida incentiva a las aerolíneas a mejorar su servicio y reducir así el número de quejas contra ellas.
La legislación exige además que las aerolíneas instituyan un proceso para tramitar las reclamaciones y respondan a las quejas con una decisión en un plazo de 30 días. La creación de “funcionarios de resolución de quejas” en la Agencia Canadiense de Transporte también debería agilizar el proceso de reclamaciones, al igual que la fijación de un plazo máximo de 60 días para que el organismo regulador las tramite, afirman algunos defensores.
El número de quejas acumuladas en la Agencia asciende actualmente a unas 45 mil, más del triple que hace un año, y cada caso requiere al menos 18 meses, en promedio, para resolverse.
