Rodrigo Díaz M.
Ontario tiene previsto destinar 72 millones de dólares a lo largo de dos años para hacer frente a un retraso en los tribunales que, según la provincia, ha alcanzado decenas de miles de casos en el transcurso de la pandemia del COVID-19.
El fiscal general, Doug Downey, explicó que parte de la financiación se destinará a la contratación de más de 340 nuevos empleados de los tribunales, incluidos los fiscales de la Corona, el personal de apoyo a las víctimas y los asesores de fianzas, es decir, abogados de la Corona con experiencia que facilitan decisiones y resoluciones más rápidas en materia de fianzas cuando es necesario.
El personal adicional ayudará a aumentar la capacidad de los juicios y a reducir el número de casos que llegan al sistema de justicia, así como a acelerar los casos que ya están en el sistema.
Downey dijo que la provincia también convocará a un equipo de fiscales experimentados para que revisen los expedientes de homicidios y otros delitos específicos para ayudar a agilizar esos casos.
La provincia también está alquilando espacios en algunas áreas para aumentar la capacidad física, y planea seguir utilizando la tecnología para las audiencias a distancia para ayudar a manejar los casos virtualmente.
El fiscal general dijo que quiere asegurarse de que los cargos relacionados con delitos como el asesinato y las agresiones sexuales no se suspendan debido a los retrasos en el sistema judicial.
“Si mi memoria no me falla, no creo que se haya realizado tal inversión en la historia del sistema judicial”, dijo Downey. “Y creo que es una verdadera oportunidad para responsabilizar a las personas adecuadas y hacer avanzar a otras personas en el sistema”.
La financiación debería permitir que el retraso volviera a ser lo que era en 2019 para 2023, pero subrayó que ese no es el objetivo final.
“Volver a donde estábamos en cuanto al sistema no es necesariamente un éxito, eso es suponer que el sistema estaba funcionando correctamente antes”, dijo.
Los procedimientos judiciales presenciales se suspendieron en los primeros meses de la pandemia del COVID-19 y sólo los asuntos de naturaleza urgente avanzaron a distancia. Las restricciones en materia de salud pública hicieron que se celebraran muy pocos juicios con jurado durante la pandemia.
Una directiva actualizada dirigida a los fiscales de la Corona, que entró en vigor a principios de este mes, les indicaba que debían sopesar si el enjuiciamiento era “viable y apropiado” y si redundaba en el interés público, dado el impacto del COVID-19 en el sistema judicial.
También se ordenó a los fiscales que consideraran todas las sanciones disponibles y apropiadas para resolver los casos lo más rápidamente posible, y que “hicieran todos los esfuerzos posibles” para minimizar los retrasos causados por la pandemia con el fin de reducir el riesgo de que los casos fueran retirados.
