Rodrigo Díaz M.
El premier de Ontario, Doug Ford, ha afirmado que su gobierno presentará una nueva legislación para desmantelar los campamentos de personas sin hogar y que está dispuesto a utilizar la controvertida Cláusula de Excepción (Notwithstanding Clause) para desbaratar cualquier posible impugnación legal.
Ford anunció su plan para la nueva legislación, diciendo que viene a instancias de 12 alcaldes que le enviaron cartas pidiendo ayuda para hacer frente a la cuestión de los campamentos. La alcaldesa de Toronto, Olivia Chow, no estaba entre los alcaldes que solicitaron la ayuda de Ford.
Refiriéndose a los 12 alcaldes y a sus preocupaciones, Ford dijo en una carta publicada en las redes sociales que su gobierno “comparte sus preocupaciones sobre la necesidad de mantener seguros a nuestros niños, familias y comunidades. Por eso estamos actuando para poner fin al desorden público, el consumo de drogas, el tráfico y la pérdida de espacio público que ha provocado el crecimiento generalizado de los campamentos. Son problemas graves que están afectando a comunidades de todo Ontario y la gente exige con razón que se tomen medidas”.
Los campamentos de personas sin hogar empezaron a surgir en muchos parques de Toronto cuando se produjo la pandemia del COVID-19 en el 2020, ya que la gente abandonaba los refugios por miedo a contraer el virus.
En agosto, la Asociación de Municipios de Ontario declaró que el año anterior se habían erigido al menos 1.400 campamentos de personas sin hogar en toda la provincia. Con ellos llegó la preocupación por la seguridad pública y el consumo abierto de drogas.
Ford ha prometido que su gobierno abordará compasivamente esas preocupaciones invirtiendo en tratamiento y vivienda, también cittando la inversión de 378 millones de dólares de su gobierno en la creación de 19 centros de Tratamiento de Personas sin Hogar y Recuperación de Adicciones (HART, por sus siglas en inglés).
Ford esbozó los objetivos de la nueva legislación, afirmando que “logrará los resultados que todos coincidimos en que son necesarios para proteger la seguridad pública y desmantelar los campamentos”.