Rodrigo Díaz M.
El gobierno canadiense ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con Google sobre la Ley de Noticias en Línea conocida como C-18.
La ministra canadiense de Patrimonio, Pascale St-Onge, desveló algunos detalles del acuerdo hoy durante una rueda de prensa en Parliament Hill. Se espera que el gigante tecnológico siga compartiendo el contenido de las noticias canadienses y que, a cambio, Google realice pagos anuales a las empresas de noticias que rondarían los 100 millones de dólares.
El proyecto de ley C-18, o Ley de Noticias en Línea, establece un marco que obligaría a los gigantes digitales Google y Meta a desarrollar acuerdos con sitios de noticias canadienses para ofrecerles una compensación por alojar sus contenidos periodísticos en sus plataformas.
Cuando se aprobó el proyecto de ley en junio, tanto Google como Meta habían adoptado la postura de que, en lugar de compensar a las organizaciones de medios de comunicación, bloquearían las noticias canadienses de sus plataformas.
Meta cumplió esta amenaza este verano, y esa empresa sigue bloqueando el contenido de las plataformas de noticias canadienses en Facebook e Instagram, a pesar de la presión política y pública para que dé marcha atrás.
Google había indicado que, salvo ajustes en la normativa federal propuesta que sustenta las nuevas normas, el gigante de las búsquedas seguiría su ejemplo y eliminaría los enlaces a noticias canadienses de su buscador y otros productos cuando la legislación entrara en vigor, este 19 de diciembre.
El gigante tecnológico había expresado su preocupación por “los graves problemas estructurales de la C-18 que, lamentablemente, no se abordaron durante el proceso legislativo”, y ha calificado el proyecto de ley de “impuesto sobre los enlaces” que “rompe la forma en que la web y los motores de búsqueda han funcionado durante más de 30 años”, y puede exponerlos a una “responsabilidad financiera sin límites”.
Muchos expertos afirman que las preocupaciones de Google sobre la Ley de Noticias en Línea son válidas.
St-Onge sustituyó a su predecesor y promotor de la ley, Pablo Rodríguez, en el polémico expediente tras una modificación del gabinete ministerial federal en julio, lo que le ha llevado a liderar en los últimos meses las negociaciones con las plataformas de noticias en línea.
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