Rodrigo Díaz M.
Empleados de una compañía armamentística ucraniana conspiraron con funcionarios del ministerio de defensa de Ucrania para malversar casi 40 millones de dólares destinados a comprar 100 mil granadas de mortero para la guerra con Rusia, informó el servicio de seguridad ucraniano (SBU).
El SBU declaró a última hora del sábado que cinco personas han sido acusadas, y una de ellas fue detenida cuando intentaba cruzar la frontera ucraniana. Si son declarados culpables, se enfrentan a penas de hasta 12 años de prisión.
La investigación se produce en un momento en que Kiev intenta acabar con la corrupción en un intento de acelerar su ingreso en la Unión Europea y la OTAN. Funcionarios de ambos bloques han exigido amplias reformas contra la corrupción antes de que Kiev pueda unirse a ellos.
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, fue elegido en una plataforma anticorrupción en el 2019, mucho antes de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero del 2022. Tanto el presidente como sus ayudantes han presentado los recientes despidos de altos funcionarios, en particular el de Ivan Bakanov, exjefe del Servicio de Seguridad del Estado, en julio del 2022, como prueba de sus esfuerzos para acabar con la corrupción.
Los responsables de seguridad afirman que la investigación actual se remonta a agosto del 2022, cuando los funcionarios firmaron un contrato de proyectiles de artillería por valor de 1.5 billones de jrivnias (39,6 millones de dólares) con la empresa armamentística Lviv Arsenal.
Tras recibir el pago, los empleados de la empresa debían transferir los fondos a una empresa registrada en el extranjero, que a su vez entregaría la munición a Ucrania. Sin embargo, los bienes nunca se entregaron y el dinero se envió a varias cuentas en Ucrania y los Balcanes, según los investigadores. Según el fiscal general de Ucrania, los fondos han sido incautados y se reintegrarán al presupuesto de defensa del país.
