Familias de salvadoreños prófugos por el caso de los Jesuitas piden un recurso a su favo

Pedimos a la sala de lo Constitucional que “resuelva el caso de nuestros familiares” porque el hábeas corpus “lo interpusimos hace 14 meses y a esta fecha seguimos en la incertidumbre”, dijo a la prensa Miguel Zepeda, hijo del general Juan Orlando Zepeda, uno de los 17 militares retirados que en total son requeridos por España.
Zepeda, que llegó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) salvadoreña para presentar la petición por escrito junto a otros familiares, detalló que el objetivo del hábeas corpus es que el Constitucional declare “ilegales las persecuciones de las que están siendo objeto”.
Esta situación “nos afecta tremendamente en términos económicos; muchos de ellos (de los militares) han desarrollado algún tipo de depresión y prácticamente es una muerte civil la que están realizando”, acotó.
Los militares prófugos son Zepeda, Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Elena Fuentes, José Ricardo Espinosa, Gonzalo Guevara, Oscar Mariano Amaya, José Alberto Sierra, Joaquín Arnoldo Cerna, Carlos Mauricio Guzmán, Héctor Ulises Cuenca y Oscar Alberto León Linares.
Otro de los hijos de Zepeda, Orlando, aseguró en agosto de 2016 que los militares “no se van a entregar” a las autoridades.
En ese mismo mes, tres de los cuatro que se encontraban presos fueron puestos en libertad por orden de la CSJ, que negó su extradición hacia España.
Los militares retirados se mantenían capturados desde el 5 de febrero anterior, cuando las autoridades salvadoreñas procedieron a hacer efectivas las órdenes de captura internacional.
En esa fecha también fue apresado el coronel Guillermo Benavides, quien continúa preso y a la espera de que un tribunal decida si termina la pena de 30 años que recibió en 1992 y que fue conmutada en 1993 por la Ley de Amnistía que prosiguió al conflicto armado salvadoreño pero fue derogada en 2016.
La noche del 16 de noviembre de 1989 un escuadrón del batallón elite Atlacatl del Ejército irrumpió en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) y mató a los sacerdotes españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Armando López y Juan Ramón Moreno y al salvadoreño Joaquín López.
En el hecho, ocurrido en el marco de la guerra civil salvadoreña (1980-1992), también fueron asesinadas la colaboradora de los religiosos Elba Julia Ramos y su hija Celina.
La guerra que enfrentó al Ejército salvadoreño, financiado por el gobierno estadounidense, y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) -ahora en el poder como partido político-, se saldó con 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.