Rodrigo Díaz M.
El ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha comparecido ante un tribunal de Nueva York acusado de proteger a narcotraficantes.
Los fiscales afirman que dirigió el país centroamericano como un “narcoestado”, aceptando millones de dólares en sobornos de los traficantes de cocaína.
A cambio, supuestamente los alertaba de las redadas previstas e incluso ordenaba al ejército que los protegiera.
Hernández ha negado cualquier delito y se ha declarado inocente.
Se enfrenta a tres cargos: uno por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos y dos por portar armas “en apoyo de la conspiración de importación de cocaína”. Si es declarado culpable de los tres cargos, podría ser condenado a cadena perpetua.
La caída en desgracia del señor Hernández ha sido rápida. En el 2019, el entonces presidente Donald Trump agradeció a Juan Orlando Hernández por “trabajar con Estados Unidos muy estrechamente”.
“Estamos deteniendo las drogas a un nivel que nunca ha sucedido”, dijo el presidente estadounidense en un evento al que tanto él como el Sr. Hernández asistieron en Florida.
Hernández agradeció a su vez al presidente Trump y al pueblo estadounidense “el apoyo que nos han brindado en la firme lucha contra el narcotráfico”.
Poco más de dos años después, y sólo unas semanas después de dejar el cargo, Hernández fue detenido en su domicilio de Tegucigalpa, la capital hondureña.
La fiscalía estadounidense le acusaba de haberse “asociado con algunos de los narcotraficantes más prolíficos del mundo para construir un imperio corrupto y brutalmente violento basado en el tráfico ilegal de toneladas de cocaína a Estados Unidos”.
Rápidamente fue extraditado a Nueva York, donde ha permanecido en prisión preventiva.
Los fiscales alegan que sus vínculos con el narcotráfico se remontan al 2004, mucho antes de que llegara a la presidencia.
Afirman que los narcotraficantes pagaron a Hernández millones de dólares en sobornos para permitir el contrabando de cocaína desde Colombia y Venezuela a Estados Unidos a través de Honduras.
Entre los narcotraficantes a los que se acusa de proteger a Juan Orlando Hernández se encuentra su hermano menor, Tony, condenado en el 2012 a cadena perpetua por un tribunal estadounidense.
El ex presidente ha negado vehementemente las acusaciones, afirmando en una carta pública que envió desde la cárcel que es “víctima de una vendetta y de una conspiración del crimen organizado y de enemigos políticos”.
