En los dos años desde que López Obrador ganó las elecciones presidenciales en México, el país ha sufrido muchos momentos violentos, pero los últimos meses han sido especialmente sangrientos y brutales.
Rodrigo Díaz M.
El 7 de junio se registraron en México 17 asesinatos en 24 horas, convirtiéndose en el día más violento del año hasta ahora. El anterior día más violento había sido el 20 de abril, cuando se produjeron 114 homicidios.
Si la tendencia establecida en los primeros cuatro meses continúa, el 2020 podría convertirse en el año más sangriento registrado en la historia de país.
Sin embargo, más que las cifras, lo que destaca es la impunidad.
Las bandas criminales han atacado tanto a miembros de bajo nivel de carteles como a figuras políticas de alto perfil. Ha habido tanto asesinatos en masa como asesinatos cuidadosamente planeados.
“Este es un costo que estamos pagando ahora por años y años de impunidad continua, casi perfecta, en México”, dice Falko Ernst, analista principal de Crisis Group.
Uno de los ataques más audaces tuvo lugar en el vecindario de Lomas de Chapultepec en Ciudad de México a finales de junio.
Según se informa, un grupo de pistoleros disfrazados de obreros se subieron a un camión e intentaron asesinar al jefe de policía de la ciudad, Omar García Harfuch.
Durante un feroz tiroteo entre la banda y su equipo de seguridad, tres personas fueron asesinadas, una de ellas una mujer que se dirigía al trabajo.
A pesar de haber recibido tres disparos, García Harfuch sobrevivió al atentado contra su vida, del que luego culpó al cártel de la Nueva Generación de Jalisco (CJNG).
El mismo grupo también estuvo implicado en una de las recientes balaceras. En Irapuato, en el estado de Guanajuato, unos pistoleros entraron en un centro de rehabilitación de drogas y asesinaron a 26 personas.
Una vez considerado uno de los estados más pacíficos de México, Guanajuato está cada vez más entre los más peligrosos.
Los críticos del presidente López Obrador argumentan que, a pesar de sus promesas, su administración no ha abordado los problemas de la impunidad y de la participación del Estado en la actividad delictiva, ni ha desarrollado ningún tipo de política de seguridad coherente.
