Rodrigo Díaz M.
Estados Unidos se ha incautado de un avión perteneciente al presidente venezolano Nicolás Maduro Moros, alegando que fue comprado ilegalmente por 13 millones de dólares y sacado de contrabando del país.
Según el Departamento de Justicia estadounidense, el Falcon 900EX fue incautado en la República Dominicana y trasladado al estado norteamericano de Florida.
No está claro cómo ni cuándo acabó el avión en la República Dominicana. Los datos de rastreo muestran que salió del aeropuerto de La Isabela, cerca de la capital, Santo Domingo, el lunes, y llegó al aeropuerto de Fort Lauderdale, en Florida, poco después. El gobierno de Venezuela ha denunciado el hecho, calificándolo de acto de “piratería”.
El ministro de Asuntos Exteriores, Yván Gil, dijo que Estados Unidos se había justificado “con las medidas coercitivas que imponen unilateral e ilegalmente en todo el mundo”. En un comunicado, el gobierno venezolano dijo que “se reserva el derecho de emprender cualquier acción legal para reparar este daño a la nación”.
Funcionarios estadounidenses dijeron que el avión fue incautado por presuntas violaciones de las leyes estadounidenses de control de exportaciones y sanciones. Añadieron que una investigación descubrió que personas afiliadas a Maduro supuestamente habían utilizado una empresa fantasma con sede en el Caribe para ocultar su participación en la compra ilegal del avión a una empresa con sede en Florida a finales del 2022 y principios del 2023.
El avión fue exportado ilegalmente de Estados Unidos a Venezuela a través del Caribe en abril del 2023.
Es poco probable que el argumento de los funcionarios estadounidenses de que la venta y exportación del avión violó las sanciones estadounidenses tenga mucho peso para el presidente Maduro, que ha acusado repetidamente a Estados Unidos de inmiscuirse en los asuntos internos de su país.
No es la primera vez que Maduro o el gobierno de Venezuela están en el punto de mira de las autoridades federales estadounidenses por presunta corrupción.
En el 2020, el Departamento de Justicia acusó a Maduro y a 14 funcionarios venezolanos de narcoterrorismo, corrupción y narcotráfico, entre otros cargos.
El Departamento de Estado ha ofrecido una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a la detención o condena de Maduro.
