Por Francisco Reyes
TORONTO. A solo dos semanas de haber ganado las votaciones en la República Dominicana, el presidente electo Luis Abinader ha empezado a confrontar serios obstáculos que podrían entorpecer las ejecutorias de su administración gubernamental.
El pasado domingo 5, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) derrotó al oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con cuatro períodos gubernamentales consecutivos en el poder, de los cuales dos estuvieron bajo el mando del presidente Danilo Medina, quien cesará en sus funciones el 16 de agosto.
La primera dificultad con la que Luis Abinader tropieza es con la problemática nacional del déficit fiscal, la inflación, el desempleo y la delincuencia generalizada en el país, a la que se suma la crisis del COVID-19, que obligará a su gobierno a tomar préstamos internacionales para reactivar la economía.
El segundo obstáculo es el reclamo de la ciudadanía para llevar ante la justicia a los funcionarios gubernamentales que durante 16 años consecutivos desfalcaron al Estado bajo el régimen de corrupción e impunidad sostenido por los mandatarios Leonel Fernández y Danilo Medina, con la anuencia de altos dirigentes del PLD.
La ciudadanía exige al presidente electo nombrar un procurador general y fiscales independientes para juzgar a los autores de crímenes financieros, tales como la malversación de fondos públicos, robos en las sobrevaluaciones de obras estatales, los sobornos recibidos de la empresa brasileña ODEBRECHT y la apropiación de terrenos de siete centrales azucareros desmantelados, entre otros delitos penados por la ley.
Algunos observadores políticos han expresado escepticismo con respecto a las medidas drásticas que debería tomar el nuevo gobierno, dado que antes de la campaña electoral Abinader y el PRM concertaron alianza con la Fuerza del Pueblo (FP) de Leonel Fernández, escindido del partido oficialista, para apoyar a candidatos a senadores y diputados de ambos partidos.
Dicha alianza obliga a Luis Abinader a la no prosecución judicial contra funcionarios corruptos de los dos períodos gubernamentales de Leonel Fernández (2004-2012).
Por otra parte, también comienza a confrontar dificultades con altos dirigentes de su partido que aspiraban a cargos en el gabinete, pero han sido desplazados por otros más cercanos al nuevo mandatario. Más aun, a nivel de la dirigencia media hay descontento porque tampoco alcanzarán los puestos que anhelaban y tendrán que conformarse con posiciones menores en la administración pública.
Queda el resto de la militancia desempleada que habrá de quedar fuera de la burocracia gubernamental debido a que altos funcionarios del gobierno financiaron a escondidas la campaña electoral de Abinader, con el fin de no cancelar a sus partidarios en la administración pública.
Otro de los escollos que está enfrentando es la posición de los llamados grupos nacionalistas frente a la migración irregular de ciudadanos haitianos en todo el territorio de la República Dominicana.
Las organizaciones anti haitianas piden al nuevo gobierno la repatriación de unos cuatro millones de nacionales del país vecino porque, según alegan, afectan la economía nacional con el empleo de la mano de obra barata y producen crímenes sangrientos contra los dominicanos. Pero en el fondo se traduce en racismo y venganza histórica que se remonta a 1804, al proclamar Haití su independencia de Francia.
Pero lo que ciertos analistas de programas políticos de TV consideran como el mayor escollo con que Abinader habrá de tropezar es el de la doble ciudadanía libanesa a la que debía renunciar antes de inscribir su candidatura en la Junta Central Electoral (JCE), conforme al Artículo #20 de la Constitución Dominicana.
Abinader ocultó ese hecho, por lo que su participación en las elecciones pasadas es inconstitucional y, por consiguiente, también lo sería su juramentación como presidente de la República.
A raíz de dos artículos sobre este particular que publicamos en las redes sociales, el doctor Rafael Helena, jefe del grupo de abogados del ex candidato presidencial Ramfis Domínguez Trujillo, a quien la JCE no le certificó la candidatura por no haber renunciado a la doble nacionalidad estadounidense con 10 años de anticipación, adelantó por la vía electrónica que su equipo está elaborando el expediente judicial para los fines de demanda ante los tribunales correspondientes contra la juramentación inconstitucional de Abinader.
A principio de esta semana, mientras el presidente electo anunciaba los nombramientos de miembros de su gabinete que habían ejercido funciones en el gobierno de Hipólito Mejía (2000-2004), cofundador del PRM en el 2014, la población se quejaba de ciertos funcionarios corruptos que volvían al gobierno sin haber sido sometidos a la justicia por los gobiernos del PLD y duda del cambio prometido.
El caso más alarmante del lunes fue la ratificación del gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, fiel colaborador de los gobiernos del PLD, un opositor a la entrega del 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores durante la pandemia y autor de las políticas erradas de los gobiernos anteriores.
Hay incertidumbres y expectativas en el panorama político dominicano con respecto al gobierno de Luis Abinader
*Francisco Reyes puede ser contactado en reyesobrador@ hotmail.com
