Rodrigo Díaz M.
En una decisión de 6-3, el Tribunal Supremo de Canadá ha dictaminado que el régimen de precios sobre el carbono del gobierno federal liberal es constitucional, una decisión importante que permite a Ottawa seguir adelante con su ambicioso plan para garantizar que todas las provincias y territorios tengan un precio sobre el carbono para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero.
Algunas provincias, en particular Alberta, Ontario y Saskatchewan, se han opuesto enérgicamente al impuesto sobre el carbono, alegando que los recursos naturales son competencia de las provincias en virtud de la Constitución.
El presidente del Tribunal Supremo, Richard Wagner, declaró que el gobierno federal es libre de imponer normas mínimas de precios porque la amenaza del cambio climático es tan grande que exige un enfoque nacional coordinado.
El juez estuvo de acuerdo con el argumento del gobierno federal de que el cambio climático es un asunto urgente de interés nacional y dijo que es constitucionalmente permisible que Ottawa tome la iniciativa en una amenaza que cruza las fronteras provinciales.
“El cambio climático es real. Está causado por las emisiones de gases de efecto invernadero resultantes de las actividades humanas, y supone una grave amenaza para el futuro de la humanidad”.
Wagner consideró que Ottawa puede actuar en virtud de la cláusula de “paz, orden y buen gobierno” de la Constitución, más conocida como POGG, que otorga al gobierno federal la autoridad de promulgar leyes para tratar cuestiones que afectan a todo el país.
