Rodrigo Díaz M.
El acuerdo sobre Terceros Países Seguros, que entró en vigor en el 2004, reconoce a Canadá y Estados Unidos como lugares seguros para que los posibles refugiados busquen protección.
Según el acuerdo, los refugiados deben solicitar asilo en el primero de los dos países en los que aterricen. Si su solicitud es rechazada por uno de ellos, no tendrán éxito si vuelven a intentarlo al otro lado de la frontera.
Los detractores del tratado habían pedido al máximo tribunal que declarara que la legislación que sustenta el pacto viola el artículo 7 de la Carta de Derechos y Libertades, el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona, alegando que Estados Unidos no es realmente seguro para muchos solicitantes de asilo.
También alegaron que se vulnera el derecho a la igualdad de los refugiados, recogido en el artículo 15 de la Carta, debido a las denuncias de trato desigual a las mujeres que huyen de la violencia doméstica y de género en Estados Unidos.
El Tribunal Supremo consideró que el régimen legislativo que sustenta el pacto no vulnera el artículo 7 de la Carta.
“Puede tolerarse un cierto grado de diferencia entre los regímenes jurídicos aplicables en los dos países, siempre que el sistema estadounidense no sea fundamentalmente injusto”, rezaba la sentencia, que se alineaba con lo argumentado por el gobierno federal ante el tribunal.
“En mi opinión, el expediente no apoya la conclusión de que el régimen de detención estadounidense sea fundamentalmente injusto”, dice la sentencia redactada por el juez Nicholas Kasirer.
El alto tribunal ha pedido al Tribunal Federal que estudie más a fondo el argumento de los opositores de que el acuerdo viola el artículo 15 de la Carta.
Los tribunales inferiores no se pronunciaron sobre el argumento de la igualdad, y Kasirer dijo en la sentencia que el Tribunal Supremo tampoco estaba en condiciones de hacerlo.
Dada la profunda gravedad del asunto, el tamaño y la complejidad del expediente y el conflicto de las declaraciones juradas, no sería ni “en interés de la justicia” ni “factible a nivel práctico” que este tribunal asumiera la tarea de determinar los hechos”, dijo Kasirer en la sentencia.
El primer ministro Justin Trudeau y el presidente de Estados Unidos Joe Biden acordaron en marzo ampliar el tratado para que se aplique a lo largo de los 8.900 kilómetros de la frontera común, no sólo en los pasos oficiales.
Antes de eso, una laguna permitía a los solicitantes de asilo que llegaban entre puntos de entrada oficiales a lo largo de la frontera terrestre, como el de Roxham Road en Quebec, presentar solicitudes en Canadá y que se tramitaran, a pesar de haber llegado primero a Estados Unidos.
Los solicitantes de asilo y las organizaciones de derechos humanos consideraban la laguna jurídica como un salvavidas para las personas vulnerables, pero el gran número de recién llegados ejercía presión financiera sobre los gobiernos locales y la provincia, que se veían obligados a proporcionarles alojamiento y otras ayudas.
La decisión del Tribunal Supremo llega al final de una batalla legal iniciada por varios solicitantes de asilo ante el Tribunal Federal en el 2007.
