Rodrigo Díaz M.
Una ley de Ontario que imponía restricciones salariales a los trabajadores del sector público violaba sus derechos de negociación colectiva y es inconstitucional, según dictaminó el lunes el Tribunal de Apelación de la provincia, una decisión que muchos grupos sindicales calificaron de importante victoria.
La ley del gobierno del primer ministro Doug Ford, conocida como Bill 124, limitaba los aumentos salariales de los trabajadores del sector público al 1% anual durante tres años.
Un tribunal inferior la tachó de inconstitucional y el Tribunal de Apelación, en una decisión de 2-1, confirmó en gran medida esa decisión, escribiendo que la infracción no podía justificarse.
“Debido a la ley, los trabajadores organizados del sector público, muchos de los cuales son mujeres, personas de raza y/o con bajos ingresos, han perdido la capacidad de negociar una mejor remuneración o incluso mejores condiciones de trabajo que no tengan un valor monetario”, escribió el tribunal en su opinión mayoritaria.
Los conservadores progresistas promulgaron la ley en el 2019 como una forma de ayudar al gobierno a eliminar un déficit. La provincia argumentó que la ley no infringía los derechos constitucionales, alegando que la Carta sólo protege el proceso de negociación, no el resultado.
El ministro federal de finanzas, Peter Bethlenfalvy, dijo el lunes que el gobierno no apelará el fallo.
El Tribunal de Apelación de Ontario señaló que los gobiernos tienen derecho a intentar mantener los aumentos de las indemnizaciones en un determinado nivel, pero la cuestión es cómo lo hacen.
La ley había provocado una indignación generalizada entre los grupos sindicales y los partidos de la oposición, con sus efectos en el sector sanitario en el punto de mira, ya que los críticos argumentaban que era en parte responsable de expulsar a las enfermeras de la profesión o llevarlas a agencias privadas de enfermería, donde el salario es sustancialmente más alto por el mismo trabajo.
La autoridad de responsabilidad financiera de Ontario declaró en el 2022 que el proyecto de ley 124 iba a ahorrar a la provincia 9.7 billones de dólares en sueldos y salarios del sector público, aunque una impugnación con éxito en los tribunales prácticamente anularía esa cifra.
Aunque la ley del 2019 se limitaba a un periodo de tres años, ha seguido afectando a la negociación colectiva debido a la fecha de vencimiento de algunos contratos previos y a la duración de algunas negociaciones.
