Rodrigo Díaz M.
El aumento de la inflación tiene a muchos canadienses en apuros. El uso de los bancos de alimentos ha alcanzado máximos históricos y han surgido campamentos por todo el país.
Un sueldo mínimo garantizado proporcionaría a las personas con bajos ingresos pagos mensuales incondicionales; a diferencia de la asistencia social, los pagos no tendrían condiciones. Y los pagos serían superiores a los de la asistencia social.
La idea ya se ha estudiado en el pasado. Más recientemente, los liberales de Ontario llevaron a cabo un proyecto piloto entre el 2017 y el 2019. En general, el estudio encontró que las personas informaron una mejor salud y condiciones de vida. Algunos utilizaron la estabilidad financiera para capacitarse para un mejor empleo.
El plan piloto fue desechado después de que los conservadores progresistas fueran elegidos.
Pero este mes el Senado canadiense anunció que su Comité Permanente del Senado sobre Finanzas Nacionales está estudiando el proyecto de ley S-233, que propone el desarrollo de un marco nacional para la renta básica vital garantizada (GLBI).
El comité acordó que, “ahora que Canadá se enfrenta a una creciente incertidumbre económica, social, sanitaria y medioambiental, es el momento de avanzar con la GLBI”.
Aunque algunas personas temen que los pagos aumenten los impuestos, el comité concluyó que no sería así.
En el estudio se redujo el número de personas sin hogar y la dependencia de los servicios sociales, y las transferencias de efectivo ahorraron al gobierno 8.277 dólares por persona y año.
Cientos de estudios en los últimos 50 años han mostrado el mismo patrón: mejora del bienestar, las condiciones de salud, la función cognitiva, la seguridad alimentaria y la reducción de la tasa de delincuencia, así como del consumo de alcohol o sustancias.
El comité sugirió que todos los canadienses se beneficiarían de unas comunidades más sanas e inclusivas, en las que la gente dependa menos de los servicios de urgencias por problemas de salud evitables, y en las que la gente esté alimentada y alojada, y no languideciendo en refugios, ciudades de tiendas de campaña, cárceles o en la calle.
No está claro cuándo el sueldo mínimo universal garantizado podrá hacerse realidad.
La legislación exigiría al ministro de finanzas consultar con los gobiernos indígenas, provinciales, territoriales y municipales, así como con expertos de la comunidad, para desarrollar un marco de aplicación de la GLBI e informar sobre los avances.
