(EFE).- El Gobierno colombiano anunció este lunes un paquete de medidas con las que se busca mejorar la seguridad de candidatos e incentivar la denuncia de delitos electorales, a poco más de un mes de unos comicios regionales y locales que se han visto opacados por la violencia.
Así lo informó el presidente Iván Duque después de una reunión con miembros de su gabinete y de la cúpula militar, así como con delegados de la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional Electoral y de la Misión de Observación Electoral (MOE), entre otros.
Según datos de la MOE, entre los pasados 27 de julio y 15 de septiembre se reportaron 39 amenazas contra candidatos, dos fueron secuestrados, cinco asesinados y se realizaron cinco atentados contra aspirantes.
Es por ello que el mandatario señaló que en el dialogo con los partidos políticos se acordó “fortalecer las medidas de protección” de los candidatos a las elecciones del próximo 27 de octubre, si bien no detalló qué acciones se implementarán.
De igual forma, dijo que se impartirán órdenes para que la Unidad Nacional de Protección (UNP) “responda con mayor celeridad” a los llamados de los candidatos y que en las próximas “72 horas” se responderán las “solicitudes de protección recibidas hasta la fecha”.
“También se ha establecido la coordinación en el territorio con la UNP, con la fuerza pública y hemos hecho un llamado a los partidos para que tomemos medidas de protección de manera generalizada donde se informe oportunamente a la fuerza pública de los desplazamientos que van a realizar los candidatos”, acotó Duque.
El 27 de octubre los colombianos irán a las urnas para elegir alcaldes de más de 1.100 municipios y 32 gobernadores, así como representantes a las asambleas departamentales y a los concejos municipales.
La violencia política ha ensombrecido el panorama electoral a 41 días de los comicios regionales tras los asesinatos, secuestros, ataques y amenazas perpetradas contra varios candidatos.
El mandatario detalló que en las elecciones de hace cuatro años fueron asesinados seis candidatos y se presentaron 22 atentados, y que en el 2011 “sin lugar a duda la cifra fue una mayor”.
El último caso registrado ocurrió ayer cuando desconocidos dispararon al político conservador Bernardo Betancourt Orozco, candidato a la Alcaldía de Tibú (Norte de Santander) mientras se dirigía a un acto de campaña.
De igual forma, la política liberal Karina García Sierra, candidata a la Alcaldía de Suárez (Cauca), fue asesinada junto a cinco acompañantes, mientras que Orley García, aspirante a la Alcaldía de Toledo (Antioquia), fue asesinado al recibir un disparó con una escopeta.
A estos casos se suman los secuestros de Tulio Mosquera Asprilla, candidato por el Partido Liberal a la Alcaldía de Alto Baudó (Chocó), y de Oscar Lombana, aspirante a la Alcaldía de Potosí (Nariño).
Ante estos crímenes, Duque celebró que el Gobierno junto a los partidos políticos hayan “rechazado estas situaciones de violencia” generadas por grupos armados y calificó como “apropiadas” las medidas acordadas en la reunión.
“Queremos trabajar con todas las instituciones unidas, unidos con todos los partidos para que tengamos un proceso electoral cada vez más diáfano, más exitoso para nuestro país”, agregó.
Además de la violencia contra candidatos, el jefe de Estado anunció que se trabajará con la Registraduría, que organiza los comicios, para “fortalecer denuncias sobre trashumancia, compra de votos o cualquier constreñimiento al elector”.
“Este es un mensaje de un país unido para condenar la violencia y de un país unido por la transparencia y la eficacia del sistema electoral para fortalecer nuestra democracia”, concluyó.
